En dicho foro se analizó la reforma que se está proponiendo a la ley 30 como una muestra de la visión que tiene el gobierno a largo plazo, no solo de la educación superior, sino de la educación colombiana en su conjunto.
Por lo anterior, los ponentes resaltaron la forma en la que, según la reforma propuesta, se distribuiría de ahora en adelante el presupuesto destinado a la Educación Superior. Dicha distribución tendría como uno de sus principales condicionamientos el índice de cobertura de las distintas universidades, teniendo como concepción de la universidad un centro de capacitación de mano de obra, en el que sus beneficiarios deben pasar una certificación para poder ingresar al mercado laboral, tal certificación vendría siendo el ECAES, recientemente modificado para obtener un carácter de obligatoriedad.
Ahora, aún cuando las universidades logren cumplir con las metas de cobertura y obtener altos puntajes en los ECAES, gran parte del presupuesto que destinaría la Nación no iría dirigido directamente al presupuesto base de la universidades, sino que iría dirigido al ICETEX, institución que de acuerdo al profesor Giraldo, funciona con un carácter financiero, donde maneja los préstamos y ahora financiará los subsidios y a COLCIENCIAS. Según lo anterior, el presupuesto que va dirigido al ICETEX no iría a la base presupuestal universitaria en ningún momento, pues se encuentra en función de subsidiar la demanda, mientras que, para que las universidades tengan acceso al dinero que se destine a COLCIENCIAS tendrán que entrar en una lógica de mercado que responda a los intereses coyunturales de Colciencias y así poder ganar la licitación, obteniendo recursos que pueden ser utilizados únicamente para la investigación dejando de lado los demás aspectos que necesitan financiamiento en la universidades, tales como la mejora de la infraestructura.
Dicha distribución que se haría del presupuesto no respondería a las necesidades reales e inmediatas de las universidades públicas, pues éstas se encuentran afrontando una crisis presupuestal al contar, en términos reales, con los mismos recursos desde el año 1993, así sus gastos hayan aumentado durante los últimos 15 años más que el presupuesto asignado. Sería ingenuo pensar que la asignación de recursos a instituciones diferentes a las universidades podría mermar la crisis por la que éstas están pasando. Sin embargo, y aunque no respondería a las necesidades de las universidades, si aumentaría la dependencia nacional hacia organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), pues no sólo los gobiernos se verán abocados a solicitar créditos, sino que también lo harán las universidades de carácter estatal (recordemos que la conmemoración del Rector de la Universidad Nacional de Colombia por el cumplimiento de los 140 años de fundación del alma máter era pedir un préstamo por 140 mil millones al BID).
Un valor agregado que tendría la implementación de la reforma a ésta ley, en la que nos sumergiríamos por completo en la concepción de la educación como una mercancía y el acceso a ésta como una relación de mercado, llevando a la despolitización del estudiantado, quien ya se encontraría inmerso en las dinámicas del mercado y no argumentaría por la defensa del derecho a la educación sino por el cumplimiento de un contrato previamente establecido.
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