Desde agosto del año pasado esta rondando de forma silenciosa, por los pasillos del Uriel Gutiérrez un concepto de la Gerencia Nacional y financiera de la universidad según el cual las facultades podrán contratar profesores especiales y ocasionales con recursos propios, es decir los que les entran por investigación y extensión.
Esto, deja ver la intención que vive hoy en aquellas oficinas tecnócratas, alejadas del concepto de universidad pública y en contraposición, cercanas y promotoras del concepto de universidad empresa, de privatizar la universidad nacional de Colombia por tres factores:
El primero de ellos, es la intención del nivel central y por ende al gobierno de eliminar toda la financiación a la educación superior tan siquiera en lo más mínimo, la contratación de docentes y dejar esta responsabilidad social, ese compromiso con la educación de calidad a los designios del mercado vía extensión e investigación. Con lo anterior se comprometen no solamente la calidad y la autonomía de las universidades públicas sino también la existencia misma de las carreras y facultades que por diferentes motivos no generan, recursos propios tan altos como para soportar dicha carga.
El segundo de los factores por los cuales se puede decir que iniciativas como la expuesta por la gerencia nacional y financiera de la universidad nacional van encaminadas a la privatización de la universidad es por el cerco que de facto se le pone a la extensión solidaria, modalidad de extensión que no genera lucro ni para los profesores ni para la universidad por estar dirigida a comunidades de escasos recursos y sobre todo por ser parte de la responsabilidad social de la universidad. Actualmente el presupuesto de dicha modalidad de extensión corresponde al 1% de los recursos que genera en total la extensión de la universidad, lo cual ya es pírrico pero que será una proporción aún más pequeña cuando ese fondo deba ser suprimido en función del fondo especial de las facultades, que es el lugar de donde sacarán el presupuesto, de acuerdo con la gerencia para contratar docentes.
Finalmente, debemos decir que la mencionada iniciativa, promueve la privatización de la universidad si entendemos que el derecho a la educación no implica solo gratuidad en la misma o matrículas “económicas” sino la posibilidad real, material para los estudiantes de cumplir con sus responsabilidades en condiciones óptimas dadas, tanto por un acceso óptimo a los recursos educativos, la alimentación y el tiempo de ocio. Garantizar este tipo de cosas es deber de las direcciones de bienestar y debido a la reducción del presupuesto de la universidad, por vía de recursos propios, ha recaído este deber en las direcciones de bienestar por facultad, cosa que si bien no es la adecuada, entre otras por el espíritu con el que actualmente se maneja el tema en la universidad es más razonable que pensar en su liquidación para destinar esos recursos para contratar docentes a los que les paga por dictar clase a destajo.
En medio de esta situación el llamado es de nuevo compañeros a levantar las banderas de la movilización, la agitación, a pensarse una universidad diferente, a soñarla y a construirla. Esa tarea es de la comunidad universitaria en su conjunto, y solo nuestra, porque solo cuando no tenemos la mente llena de prejuicios sobre la viabilidad sino llena de alternativas para exigir nuestros derechos, podemos construir verdaderamente una universidad pública y popular.
Laura Ligarreto
Representante estudiantil al Consejo de Sede
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