Organización Colombiana de estudiantes OCE, Grupos Estudiantiles Confederados GEC. Pereira, 1 de abri.
Al igual que sucede con el lema de “combatir la corrupción”, en Colombia, en materia educativa, tampoco ha faltado política que siendo nefasta, no se haya presentado bajo el eslogan de propender por la calidad. El proyecto de reforma a la ley 30 que ha lanzado el gobierno de Santos, no es ajeno a la maroma. Esto sucede en buena parte, porque a pesar del aturdimiento de la opinión pública, el ejecutivo tropieza con que cada vez es más difícil esconder el carácter entreguista que orienta su política. (…) por si acaso la naturaleza enseña a diario que de acuerdo a las circunstancias, exuberancia y atracción, es a lo que acuden muchas especies para conseguir sus propósitos.
La nueva reforma (que es más un nuevo proyecto de 164 artículos) se presenta cuando al conjunto de universidades públicas el Estado le adeuda casi medio billón de pesos producto de la aplicación de la Ley 30 del 92 que mantuvo los recursos de las universidades en pesos contantes ¡congelados hace más de 15 años!. Sobre el tema la comisión de vicerrectores de varias universidades construyó un estudio en el 2009 que concluyó en la solicitud expresa al Estado de “reconocer a valor presente, los gastos adicionales en que han incurrido las universidades públicas en cumplimiento de la normatividad expedida con posterioridad a la expedición de la Ley 30/92 en materia de gastos de funcionamiento…”.
La anterior solicitud sigue sin ser atendida, y tampoco se resuelve el tema de la desfinanciación. No se incrementa la base presupuestal y anuncian pírricos aumentos adicionales. Optan por dar más vida al mal que causó la crisis. Es cambiado el carácter social de la universidad por un vulgar asunto de mercaderes.
Por su parte la calidad es empujada al borde del despeñadero. Las reformas impuestas por el gobierno en materia académica, como el ajuste de contenidos al rol de productores de materia prima -asignado desde la bandera azulgrana del norte- degradan la academia. De los tantos ejemplos uno tiene lugar en el programa de Administración del Medio Ambiente, de la Tecnológica de Pereira, regresivamente decidieron cambiar Álgebra lineal por Ecomarketing Por otro lado, no es raro que a la arena de la defensa de la educación superior en Colombia hayan entrado los estudiantes de las universidades privadas. Son el 53% del total del estudiantado nacional. La mayor parte de la financiación de sus matrículas, cuyos precios más altos bordean los $15 millones, proviene del ICETEX, no en vano 80 de cada 100 pesos de la entidad salen con ese destino persiguiendo el lucro de intereses más rentables.
Aquí la reforma de Santos pasa de golpe a contusión severa, promueve al ICETEX como gran entidad financiera y, acudiendo al engaño de reducir los intereses a cero, mientras el deudor estudia, esconde que la maniobra consiste en retornar a las tasas del 12% para programas profesionales y de 8% en técnicos y tecnológicos, tan pronto la persona obtenga el título. Se configura así la compraventa educativa bautizada “estudie ahora y pague después”, donde se empeña el futuro profesional y el moroso so pena de ser acreedor de cobros hipotecarios.
Además la propuesta Encabezada por la Ministra María Fernanda Ocampo, exige la acreditación institucional (estandarización de contenidos acorde a las necesidades de las globalización) a fin de que a universidades como la Libre y La Católica, no se les cambie su denominación, y pasen a ser simples instituciones técnicas o tecnológicas que en la onda del libre comercio, sucumbirán ante IES corporativas como Hamburguer University etcétera.
Otro perdigón de la reforma impacta contra el profesorado, propiamente sobre la condición contractual y laboral del docente, éste, es de los ítems de mayor relevancia para que una universidad consiga ingresar al ranking de las mejores del mundo. La denominada “plantilla de profesores a tiempo parcial”, en la universidad pública de Colombia, es de las peores, 8 de cada 10 docentes son temporales. Se estima que en las privadas la proporción es similar. Al respecto la nueva ley profundiza la condición actual y advierte que los docentes “no son empleados públicos ni trabajadores oficiales”, condición que los hará presa fácil de las Cooperativas de Trabajo Asociado CTA.
Para embolatar lo anterior se introduce la carnada de exigir como mínimo, nivel de magister para enseñar en universidad ¿qué necio se opondría a esto? que además no es un descubrimiento del MEN, sino una vieja reivindicación de los sectores democráticos por incorporar docentes mejor preparados. Lo que no advierte la Ministra es cuáles van a ser las condiciones laborales y salariales de esos docentes, cómo se les va a garantizar el acceso a estos niveles educativos si los costos son elevadísimos y a 2009 sólo el 17% tenían maestría. Mayores títulos son una condición necesaria pero no suficiente. Suponiendo, para no ir lejos, que a la Universidad Libre, Tecnológica o Católica, puedan venir los mejores magister en diferentes áreas del conocimiento, y las “garantías” laborales sean las que oferta la contratación temporal ¿aceptarían, y de ser así, rendirán igual?
En cuanto al tema de la investigación ¿de qué tipo será? la que requería Greystar para poner al servicio de sus derrumbados intereses en el páramo de Santurban, las que demandaba Nestlé y Parmalat una ves se quedara con el mercado lácteo, o por el contrario la que articule el aparato educativo con la producción nacional para sacar al país de atraso al que lo han sometido. Si se quisiera lo segundo es imposible, en vista de que la inversión en ciencia y tecnología, que es como se desarrolla investigación, en 2008, fue de apenas 0,18 del PIB y de poco sirve a Colciencias el caramelo del puesto en el CESU si el presupuesto de esta entidad ha sido ínfimo y decreciente.
Continuando con la treta que se sumerge bajo la reforma, está el tema de “mayor control y vigilancia”, desnudado de entrada por la permisividad de cobro que se ha otorgada al ICETEX y al aumento en el precio de matrículas en los claustros académicos. En esto ha imperado la vista gorda, y con la presente propuesta tenderá a la obesidad debido a que las nuevas instituciones tendrán vía libre para subir costos amparados en la “prestación de servicios”. El océano de literales que se ha querido promover frente al tema, tiene el fondo a un centímetro de profundidad, y lo que se empolla allí es un zarpazo a la autonomía universitaria. Sin pudor hablan de “limitar la extralimitación de la autonomía universitaria”. Mediante este mecanismo el Estado pretende embolsillarse las instancias de dirección de la academia, como los Consejos Académicos, que quedarán supeditados a las funciones designadas desde el Consejo Superior donde mayoritariamente pervive parte de la satrapía gubernamental.
Es notorio que la propuesta pretende pescar incautos en el turbio río de la confusión social del que hoy goza Santos. Es el caso del “régimen de incompatibilidades, prohibiciones” y demás pares de la jerga civil y penal que desean re-empacar en los órganos de dirección universitaria. Premisas que han servido de poco y nada para combatir la corrupción, pero sí bastante para hacer populismo. Si de verdad hubiera un interés en este orden, se apuntaría a impedir que en las universidades pululara el clientelismo con el que se eligen y reeligen rectores, decanos, presidentes y directores de programa, mecanismo además del que se deducen los beneficiarios.
Una más, “el Estado podrá tomar posesión de las IES que incumplan los compromisos de asegurar la prestación del servicio”, no será para el caso un buen ejemplo lo que sucede con la salud en cuestión de la sobrefacturación de medicamentos, si hasta se le ha evitado a un senador hacer control político al respecto. ¿Se imagina alguien a Santos tomando posesión de las IES de Chevorolet o de Coca-Cola? O más bien la intervención consistirá en obrar de puente para tomar las universidades que no puedan o quieran acreditarse y volcarlas al lucro.
Para concluir, los estudiantes no estamos pidiendo que se invente la rueda si ésta ya existe, desde hace más de dos siglos los países, hoy desarrollados, entendieron la importancia de ofrecer una educación financiada por el Estado como máximo garante de la calidad. De ahí que la discusión principal se centre en el desentendimiento estatal con la universidad, aparte trocando su carácter soberano al dejarnos al servicio del desarrollo mundial cercenando al país cualquier posibilidad de alcanzar tal nivel.
Por ende al estudiantado del país le ha correspondido un momento histórico para tejer la más férrea unidad estudiantil por el derecho a la educación superior, contra su degradación, y en custodia de la soberanía nacional. Ante el reto extendemos invitación amplia a todos los sectores sociales para contribuir con la resistencia civil y democrática, en pie de forjar con ahínco la defensa de la educación nacional.
¡Por la más amplia unidad estudiantil! Organización Colombiana de estudiantes OCE, Grupos Estudiantiles Confederados GEC. Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Libre y Universidad Católica de Risaralda.
Fuente: OCE Colombia
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