Por: Mario Hernández es el Representante Profesoral al Consejo Superior de la Universidad Nacional
La propuesta es consistente y corresponde al nuevo Plan de Desarrollo, pero no puede elevar la calidad, aumentar la equidad o estimular el avance de la ciencia. En el dilema entre la educación superior como bien privado o como bien público, este proyecto en realidad plantea la disyuntiva entre los valores atávicos del todo vale y la construcción de una sociedad más solidaria y democrática. Hagan sus apuestas.
¿Bien público o bien privado?
En el mundo contemporáneo no cabe duda sobre el lugar central que ocupa el conocimiento para la realización de la vida humana. Se supone que una fuerte inversión en educación y en ciencia y tecnología, no solamente propicia el crecimiento económico, sino también la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. Hasta aquí esto no es más que un lugar común.
Las divergencias aparecen cuando se plantean las rutas para lograr estos buenos propósitos. Existen diferencias profundas en los enfoques de la política de educación superior que determinan sus predominios y sus consecuencias.
La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de UNESCO de 2009 considera este nivel como un "bien público [que] debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico", siguiendo la Carta de Derechos Humanos que afirma: "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos"[1].
En contraste, los técnicos del Banco Mundial creen que la educación superior es un "bien privado", con altos réditos para los individuos y, por lo tanto, ellos deben pagar por este servicio[2]. Desde este enfoque, los sistemas de educación superior deben ser financiados por las familias principalmente, mientras los gobiernos, en especial en países "pobres", deben restringir el gasto público a incluir a los pobres a través de un sistema de crédito, y ampliar la participación del sector privado[3].
Modelos diferentes, resultados diferentes
Se dice que todos los países han optado por sistemas mixtos, o público-privados, porque frente a la gran demanda y las restricciones fiscales, ningún Estado puede cubrir los costos de la educación superior y de la ciencia y la tecnología.
Pero lo que no se dice es que no todos los países y regiones han optado por el mismo modelo, ni que hay mejores y peores resultados:
•En la Unión Europea, por ejemplo, a pesar de la entrada de recursos privados a la educación superior, los recursos públicos financian el 90 por ciento de todo el sistema y casi la totalidad de instituciones, universidades y centros de investigación siguen siendo públicos.
•Mientras que en Corea, el 90 por ciento de las instituciones son privadas, fuertemente ligadas con grandes empresas con ánimo de lucro y el Estado concentra los recursos públicos -100 veces mayores que en Colombia- al crédito educativo. Se trata de dos visiones divergentes, con consecuencias muy diferentes para el acceso, la calidad y sobre todo, la equidad.
En el largo plazo, los países que han sostenido el predominio público de la educación superior producen conocimiento, son más equitativos y tienen educación de mejor calidad que los que han aplazado esta decisión y se han convertido en consumidores de "servicios educativos" y profundizan las desigualdades del mundo globalizado de hoy.
De manera que no existe una opción única y más conviene invertir, de manera sostenida y suficiente, en una educación superior que no dependa de la rentabilidad.
El proyecto económico de Santos
El gobierno acaba de presentar su propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 sobre educación superior. El enfoque que orienta la propuesta se entiende mejor si se observa el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se ubica el lugar que en él ocupa la educación superior.
El PND 2011-2014 constituye talvez el más claro modelo liberal de desarrollo que se haya presentado hasta ahora en el país. Consiste en profundizar la tendencia -que viene dándose desde el gobierno de César Gaviria- de transformar el papel del Estado en la sociedad colombiana para articularse al mundo globalizado.
Se piensa que el Estado debe ser un garante del "crecimiento y la competitividad", retirando las restricciones al flujo global de capital y dando seguridad jurídica para la inversión extranjera y nacional. Esto debe garantizar el crecimiento económico, siempre y cuando se aprovechen las ventajas comparativas de la economía colombiana.
A juicio de los expertos del actual gobierno, esas ventajas consisten en la disponibilidad de materias primas de alta demanda internacional. De allí la selección de las cinco locomotoras para el crecimiento económico desde una lógica de economía extractiva, de las cuales minería y petróleo, agroindustria e infraestructura, representan lo esencial de la estrategia de desarrollo. Se habla de "innovación", en particular, para referirse a los "procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado" [4].
Los otros dos pilares de este modelo son la seguridad física de los inversionistas, aunque tenga el atractivo nombre de "consolidación de la paz", y la "igualdad de oportunidades" para los pobres. Ésta última no es otra cosa que el subsidio a la demanda para la población ubicada en los niveles 1 y 2 de la encuesta Sisben, en todos los sectores y por grupos prioritarios. El resto, que pague por sus bienes y servicios en un mercado de competencia abierto.
Así, el Estado se concentra en regular los contratos, "garantizar" la calidad de los "servicios públicos", incorporar a los pobres al mercado y estimular la inversión privada en todos los sectores.
Gracias a esta nueva articulación público-privado en todos los terrenos, el PND 2011-2014 alcanza la gigantesca suma de 563,7 billones de pesos, de los cuales el 60 por ciento corresponden a inversión pública y 40 por ciento a inversión privada, extranjera o nacional.
La reciente ronda internacional de presidente Santos para impulsar la aprobación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea está perfectamente alineada con este modelo: se trata de ofrecer las mejores condiciones a los extranjeros para atraerlos a hacer buenos negocios en Colombia. Dos de ellos son los "servicios públicos" de salud y educación. En ese marco se inscriben sus políticas para estos dos grandes sectores.
En qué consiste la reforma propuesta
En consonancia con este modelo de desarrollo, la política de educación superior del actual gobierno consiste en abrir el sector a la inversión privada, nacional y transnacional, como la estrategia central para la ampliación de la cobertura y la calidad, en especial, en la formación técnica y tecnológica, la más rentable y vinculada funcionalmente a las necesidades del mercado laboral.
Para lograrlo, parte de la concepción de "servicio público" como bien privado que se transa en el mercado por individuos que ejercen su libre elección. En este mercado podrán participar instituciones de naturaleza pública, mixta o privada, con o sin ánimo de lucro. Todas ellas deberán comportarse como empresas rentables, que ofrecen productos de la mejor calidad para subsistir en el mercado, tal como ha ocurrido en el sector salud.
El capital privado, ojalá extranjero o transnacional, podrá invertir en el sector educativo de diferentes maneras: por proyectos en instituciones o universidades públicas o privadas; por medio de la creación de instituciones mixtas; o por inversión directa para crear una institución con ánimo de lucro.
El financiamiento recaerá cada vez más en las familias según su capacidad de pago, aunque se combinan diferentes mecanismos de subsidio a la oferta (presupuestos de las instituciones públicas) con subsidio a la demanda (pago per cápita a instituciones públicas, beca-crédito y manutención para estudiantes pobres o crédito blando para la clase media). De esta forma, el sector financiero se verá dinamizado, al tiempo que se da la impresión de dar más oportunidades a los pobres.
Esto requiere una "modernización" institucional que pasa por gobiernos universitarios de tipo gerencial, con flexibilización laboral para disminuir los costos y "convenios de desempeño" con instituciones y universidades públicas para obligarlas a incorporar la "eficiencia" en el manejo de sus recursos y ser por fin autosostenibles. Como los hospitales.
Y para "garantizar" que los productos en ese mercado sean de buena calidad, se desarrolla el modelo de acreditación de programas e instituciones con indicadores estandarizados internacionalmente, con base en la formación "por competencias", de tal manera que los agentes y los productos sean competitivos en el mercado laboral y promuevan el "emprendimiento" de los educandos.
No sorprende que la propuesta, en apariencia innovadora y audaz, haya incorporado la concepción y todos los componentes de la agenda de reforma de la educación superior que viene pregonando el Banco Mundial desde finales del siglo pasado.
¿Por qué no es conveniente la propuesta?
La opción del mercado abierto y de la inversión privada en búsqueda de lucro y rentabilidad de la educación superior puede ser funcional a la acumulación de capital, pero no permitirá alcanzar las metas de cobertura, calidad y equidad que se pretenden, ni permitirá mejorar la sociedad colombiana.
Cuando predomina la lógica del mercado y la rentabilidad, el sistema de educación superior se concentra en la capacitación técnica y tecnológica estandarizada de ciertos nichos del mercado laboral, mientras se descuidan la formación humanística, la investigación básica y la creación artística y se lesiona la autonomía académica[5]. Es posible que aumente la cobertura, pero sólo en este tipo de formación y con dudosa calidad.
Cuando predomina el control de costos para obtener renta de los servicios educativos, se deteriora la calidad de la formación. Esto ocurre porque la calidad en educación cuesta. Los profesores mejor formados y en carrera académica, la infraestructura, las ayudas tecnológicas y la investigación no son costos fijos de poca monta[6].
Cuando se ata el valor de las matrículas a los costos y el monto de los créditos educativos se condiciona a la capacidad de pago de los individuos, el resultado es una gran inequidad, tal como viene ocurriendo en Colombia: los ricos reciben educación para ricos, los medios para medios y los pobres para pobres[7].
Cuando las instituciones y las universidades públicas se someten a la venta de servicios educativos para superar el déficit fiscal acumulado y garantizar su autosostenimiento, se acaban por sacrificar su autonomía académica, la calidad de su trabajo, la investigación y la libertad de pensamiento y de crítica, para someterse a las condiciones del mejor postor[8].
Entonces, nada parece indicar que la propuesta pueda lograr lo que promete, a pesar de las convicciones de la señora ministra y su equipo en las bondades del comercio, la libre competencia y la "inversión privada".
Un nuevo pacto por la educación
La organización de un sistema de educación, en su conjunto, orientado por la idea de derecho humano fundamental o por la idea de la mercancía a la que se accede según la capacidad de pago de los individuos y las familias, no es un problema técnico o de más o menos recursos disponibles. Se trata de un acuerdo político profundo que refleja los valores dominantes en cada sociedad.
En Colombia prevalece una cultura individualista, del sálvese quien pueda, de búsqueda de atajos para el enriquecimiento rápido. La lucha por la sobrevivencia y la gran fragmentación e inequidad social sostienen una sociedad violenta que no ha logrado resolver sus conflictos profundos y que mata por cualquier cosa.
Salir de tal situación no será posible por la vía del mercado y la competencia. Por el contrario, esa ruta no hará más que profundizar los núcleos más hondos de nuestra fallida convivencia.
Por eso, los académicos, los miembros de las comunidades universitarias de instituciones y universidades públicas y privadas, clamamos por un acuerdo social amplio que permita poner en el centro de las prioridades de la inversión pública a la educación en su conjunto, con la suficiencia y la permanencia que permitan construir una sociedad más solidaria, más democrática, justa y decidida a ocupar un lugar diferente en el escenario global, desde su diversidad local.
[1] UNESCO (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior -2009:
La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009. Comunicado. París. Artículo 26, párrafo 1.
[2] Miñana C (2009) Fuentes doctrinales de las recientes reformas. En: Zerda A, Bejarano P, Orjueja F (eds.) La educación superior. Tendencias, debates y retos para el siglo XXI. Sostenibilidad y financiación. Cátedra Manuel Ancízar. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia: 65-92.
[3] Banco Mundial-IFC (2009) Invertir en educación y salud. (Consultado el 18-10-10).
[4] Departamento Nacional de Planeación (2011) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Bogotá: DNP: 21. Seguir link. (Consultado 15-03-11).
[5] Múnera L. (2009) La universidad en el siglo XXI (tres fragmentos). En: Zerda A, Bejarano P, Orjueja F (eds.) La educación superior. Tendencias, debates y retos para el siglo XXI. Sostenibilidad y financiación. Cátedra Manuel Ancízar. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia: 49-64.
[6] González Jorge Iván y Bonilla Edna: Sin recursos públicos no hay calidad ni hay investigación. En: Razón Pública, lunes 21 de marzo de 2011. En: http://www.razonpublica.com/
[7] Bula JI. (2009). Equidad social en la educación superior en Colombia. En: Zerda A, Bejarano P, Orjueja F (eds.) La educación superior. Tendencias, debates y retos para el siglo XXI. Sostenibilidad y financiación. Cátedra Manuel Ancízar. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia: 281-310.
[8] Misas G. (2009) La educación superior del siglo XXI. En: Zerda A, Bejarano P, Orjueja F (eds.) La educación superior. Tendencias, debates y retos para el siglo XXI. Sostenibilidad y financiación. Cátedra Manuel Ancízar. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia: 35-47.
Secretaria de Comunicaciones
Asociacion Colombiana de
Estudiantes Universitarios
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