El pasado martes 24 de mayo se cumplió el último debate en el Senado de la controvertida Ley de Víctimas, la cual fue aprobada por la Unidad Nacional, coalición gobiernista que agrupa a la mayoría de partidos políticos con asiento en el Congreso. Sólo falta la Conciliación del texto final entre ambas Cámaras y la firma del Presidente, pero se da por descontado que ambos trámites se cumplirán sin ninguna complicación, puesto que éste ha sido uno de los proyectos bandera del Presidente Juan Manuel Santos, que además está interesado en que la firma coincida con la visita del Secretario General de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-Moon.
Sin embargo, existen algunos puntos que aún pueden generar debate en el Congreso, tales como la fecha a partir de la cual se reconoce a las víctimas para la reparación: mientras en la Cámara de Representantes se aprobó que fuera a partir del 1° de enero de 1991, el Senado la amplió al 1° de enero de 1985. Asimismo la discusión sobre el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno, que no fue tema de debate en la Cámara. El senado aprobó el llamado contrato de transacción de acuerdo con el cual las víctimas pueden escoger si aceptan veinte millones de pesos en indemnización y unos beneficios adicionales en especie (salud, educación) a cambio de renunciar a entablar o continuar con acciones judiciales contra el Estado. La Cámara convirtió a Acción Social en una súper agencia encargada de todo, pero el Senado decidió crear un nuevo Departamento Administrativo igualmente adscrito a la Presidencia de la República. Ya la Presidencia ha movido todas sus fichas para garantizar que el texto quede tal cual se aprobó en el Senado. Las víctimas no tienen nada que decir al respecto porque no se les va a preguntar y porque, finalmente, ninguna de las propuestas les es favorable.
Como la mayoría de las leyes impulsadas por la coalición de gobierno, ésta también fue aprobada sin consulta ni participación de los y las interesadas, en este caso las víctimas, y sin tener en consideración las propuestas de los partidos de oposición. Sólo el Polo Democrático Alternativo presentó 105 modificaciones a consideración de la plenaria, pero que no fueron consideradas. El optimismo ha sido la nota predominante que han trasmitido los medios de comunicación, además de la propaganda a favor del actual gobierno nacional. Algunas organizaciones de derechos humanos y de víctimas también han manifestado su complacencia aunque reconocen que la misma es insuficiente. Miles de víctimas la han recibido con gran expectativa y esperanza, convencidas de que por fin van a ser atendidas en sus derechos fundamentales. El mismo senador Juan Fernando Cristo –ponente de la ley- expresó, con lágrimas en los ojos, que “las víctimas aspiran a más, pero es una muy buena ley”, es el “instrumento inicial hacia la paz y la reconciliación”.
Pero ¿cuáles son los puntos problemáticos y preocupantes de esta ley que muchos consideran perfecta, conforme a los estándares internacionales y totalmente satisfactoria de los derechos de las víctimas? Veamos algunos de ellos:
Sin embargo, existen algunos puntos que aún pueden generar debate en el Congreso, tales como la fecha a partir de la cual se reconoce a las víctimas para la reparación: mientras en la Cámara de Representantes se aprobó que fuera a partir del 1° de enero de 1991, el Senado la amplió al 1° de enero de 1985. Asimismo la discusión sobre el reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno, que no fue tema de debate en la Cámara. El senado aprobó el llamado contrato de transacción de acuerdo con el cual las víctimas pueden escoger si aceptan veinte millones de pesos en indemnización y unos beneficios adicionales en especie (salud, educación) a cambio de renunciar a entablar o continuar con acciones judiciales contra el Estado. La Cámara convirtió a Acción Social en una súper agencia encargada de todo, pero el Senado decidió crear un nuevo Departamento Administrativo igualmente adscrito a la Presidencia de la República. Ya la Presidencia ha movido todas sus fichas para garantizar que el texto quede tal cual se aprobó en el Senado. Las víctimas no tienen nada que decir al respecto porque no se les va a preguntar y porque, finalmente, ninguna de las propuestas les es favorable.
Como la mayoría de las leyes impulsadas por la coalición de gobierno, ésta también fue aprobada sin consulta ni participación de los y las interesadas, en este caso las víctimas, y sin tener en consideración las propuestas de los partidos de oposición. Sólo el Polo Democrático Alternativo presentó 105 modificaciones a consideración de la plenaria, pero que no fueron consideradas. El optimismo ha sido la nota predominante que han trasmitido los medios de comunicación, además de la propaganda a favor del actual gobierno nacional. Algunas organizaciones de derechos humanos y de víctimas también han manifestado su complacencia aunque reconocen que la misma es insuficiente. Miles de víctimas la han recibido con gran expectativa y esperanza, convencidas de que por fin van a ser atendidas en sus derechos fundamentales. El mismo senador Juan Fernando Cristo –ponente de la ley- expresó, con lágrimas en los ojos, que “las víctimas aspiran a más, pero es una muy buena ley”, es el “instrumento inicial hacia la paz y la reconciliación”.
Pero ¿cuáles son los puntos problemáticos y preocupantes de esta ley que muchos consideran perfecta, conforme a los estándares internacionales y totalmente satisfactoria de los derechos de las víctimas? Veamos algunos de ellos:
Lo que preocupa a las víctimas de ley que busca repararlas
- Diversos movimientos de víctimas han expresado sus preocupaciones frente a la Ley
- Plantean demandas al articulado y mayor participación en la reglamentación
Medellín, may 26 (IPC). - No han transcurrido 48 horas de haber sido aprobada la Ley de Víctimas por el Congreso de la República y ya comienzan a advertirse serias preocupaciones por parte de las distintas organizaciones que aglutinan a las víctimas del conflicto armado sobre la eficacia y viabilidad que tendrá el articulado.
En pocas palabras, lo que para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, constituye una de las “leyes más trascendentales para el país en los últimos años”, para las víctimas el Proyecto de Ley recién aprobado puede llegar a convertirse en un “canto a la bandera”.
Todo porque, según representantes de diversos movimientos de víctimas consultados por la Agencia de Prensa IPC, el texto aprobado presenta incongruencias conceptuales, vacíos jurídicos que de no ser resueltos podrían prestarte a un sinnúmero de interpretaciones y, quizás lo más destacado, en algunas regiones del país no están dadas las garantías para aplicar medidas como la restitución de tierras, por ejemplo.
Articulo completo en: http://www.cjlibertad.org/
Por: www.documentalamarillo.co.cc
http://documentalamarillo.
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