Mientras que las protestas estudiantiles en Chile han capturado la atención de todo el continente y buena parte del resto del mundo, no son muchos los que saben que en Colombia desde hace varios meses también se está librando una batalla definitiva por el futuro de la educación superior. Organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales de Colombia se manifiestan contra la reforma de la Ley 30 de Educación Superior que terminará por ahogar financieramente, y consecuentemente privatizar las universidades públicas. Además rechazan el alza de las matrículas, especialmente de las universidades privadas que pueden llegar a costar 10.000 dólares al año, en un país donde el salario mínimo es de 300 dólares y el 60% de la población ocupada, según el mismo gobierno, cobra aún menos.
En un país donde sólo el 0.49% del Producto Interno Bruto se destina a la educación superior (el presupuesto militar es de más del 6%), solo el 37% de los estudiantes acceden a la educación superior, y el 45% de esos estudiantes universitarios nunca se llega a graduar.
Los estudiantes colombianos protestan por lo insuficiente de la partida presupuestaria contemplada por el Estado para la Educación Superior. Si en Estados Unidos el gasto por alumno o alumna es de cien mil dólares al año y en Colombia no llega a tres mil dólares, que con la reforma se verían disminuidos a 250. Pero además se indignan porque la mayoría de estos recursos serán canalizados vía créditos estudiantiles, en lugar de ser entregados directamente a unas universidades que arrastran un déficit de cerca de 350 millones de dólares. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tuvo que eliminar en el proyecto de reforma la inclusión de instituciones con fines de lucro en el sistema universitario colombiano, al estilo chileno. Sin embargo, la propuesta de reforma mantiene el lucro y la privatización de la educación superior, pues sigue promoviendo que las universidades públicas se asocien con empresas privadas.
No quieren el camino chileno: 5 años estudiando y 15 pagando, con un sistema de créditos que se conceden a través de los bancos privados, y que tienen unas tasas de interés de un 6% como mínimo, por encima incluso de un crédito hipotecario. Cuando accede al mundo laboral el estudiante chileno arrastra una deuda de en torno a 30.000 dólares que debe empezar a pagar desde el primer empleo. El 70% de los estudiantes chilenos tiene un crédito universitario, en un país donde el 60% de la población vive con 180 euros mensuales mientras los aranceles universitarios son de más del doble de esa cifra.
En 1981 Pinochet reformó el sistema universitario, eliminando la educación universitaria gratuita. A partir de entonces, quienes quieren ir a la universidad y no tienen dinero para pagarla, deben pedir créditos. En 1990, Pinochet dio otra vuelta de tuerca más con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que redujo el rol del Estado en la educación al de un mero regulador, y delegó la enseñanza en el sector privado. La ley abrió las puertas al lucro en la educación y dio pie al negocio de las “escuelas y universidades empresa”. En los últimos 30 años hubo un 'boom' de escuelas privadas o subvencionadas (público-privadas), que hoy día acogen al 60% del alumnado de primaria y secundaria.
Las escuelas públicas pasaron a depender de los Ayuntamientos con insuficientes recursos, lo que provocó un progresivo deterioro de la calidad educativa. En tanto, en el nivel de educación superior aparecieron una treintena de universidades privadas, que hoy representan el 60 por ciento del sector. Irónicamente, esas universidades absorbieron a muchos de los estudiantes más pobres, que por venir del sistema educativo municipal sacaron notas más bajas en la prueba de selección universitaria. Los sucesivos gobiernos de la Concertación y la actual administración de Piñera, tanto de derechas como socialdemócratas, prefirieron mantener la misma lógica neoliberal dejando que el mercado regule el sector educativo. No es un problema de falta de dinero, pues con el precio del cobre –la mayor exportación del país- a precios récord, los fondos existen. El problema es ideológico.
España está siguiendo también, de forma más solapada y encubierta, el modelo chileno. En 2011 los campus universitarios públicos han sufrido un recorte de unos 300 millones de euros, mientras que este curso hay 73.344 más universitarios que el curso pasado, y 150.000 más que en el curso 2007-2008. La Comunidad de Madrid ha sido condenada por los tribunales a pagar 43,3 millones de euros que debe a la Universidad Complutense sólo en obras. El presidente de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) denuncia que las Comunidades Autónomas están emprendiendo un proceso de privatización de las universidades públicas recortando su financiación y estrangulando su funcionamiento. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) explica que «tenemos conocimiento de que algunas comunidades rebajarán entre un 6% y un 7%, otras un 10% y otras hasta un 16% su presupuesto». La Junta de Castilla y León ha comunicado la reducción del presupuesto ya aprobado y los gastos comprometidos para las Universidades de la región. En concreto a la Universidad de León estos recortes le suponen una reducción de un millón y medio de euros respecto a la asignación inicial.
De esta forma las Universidades se ven obligadas a acumular deudas, a subir las tasas de matrícula, a recortar programas y servicios o a buscar financiación de organizaciones privadas. Con la excusa de la “crisis” se está realizando una “reforma de la educación”, convirtiendo la formación superior en un negocio reservado a quienes puedan costearse las elevadas tasas que habrán de exigir unas universidades que recibirán cada vez menos recursos públicos. Esto es lo que hizo Pinochet en Chile. Esta es la reforma en Colombia. Y esta es la aplicación en España de la estrategia universidad 2015, el plan Bolonia en sus primeros pasos. Si en Colombia y en Chile la comunidad universitaria está reclamando en las calles una educación pública gratuita y de calidad en la Universidad, para cuándo empezaremos en España. Estudiantes y profesorado de las universidades públicas catalanas han decidido convocar una huelga general para protestar contra los recortes en educación superior para el 17 de noviembre. ¿Nuestras universidades se unirán o dejaremos que siga adelante el modelo de privatización de la educación superior a la colombiana?
(*) Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de León (ULE).
(*) Mauricio Ortiz es estudiante colombiano de la ULE.
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