En la noche del 19 de agosto de 2011, Diego Felipe Becerra murió víctima de un disparo por la espalda. “Soy yo quien estaba pintando el graffiti, si hay algún problema hable conmigo”, fueron sus palabras previas hacia el patrullero Alarcón, cuando éste retuvo a uno de los jóvenes grafiteros que lo acompañaban, según reposa en los expedientes judiciales. Luego, invadido por la desconfianza que le producía la situación, Diego recibió un disparo por la espalda al tratar de alejarse del lugar.
El general Francisco Patiño, entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que en aras de la transparencia y claridad en el procedimiento había solicitado que la investigación por estos hechos la asumiera el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y afirmó que estaba “dando la cara ante este hecho que ocurrió”, brindando su apoyo a las autoridades judiciales “en toda la información que se requiera”.
Los hechos parecen probar algo distinto. Miryam Pachón Murcia, abogada de la familia de Diego Felipe Becerra y quien ha recibido recientemente amenazas de muerte por parte de gentes que pretenden que cese en su búsqueda de justicia por crimen del joven artista, es contundente en su conclusión frente a la justicia penal militar: “indudablemente nos hubiera tocado recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Andrés Monroy: –¿Por qué pidió la destitución del general Francisco Patiño?
Myriam Pachón: –El general Francisco Patiño está siendo investigado por la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en la manipulación de los hechos con los que se ha desviado la atención en la investigación por el asesinato del joven grafitero.
Existen pruebas de que Patiño indujo a Jorge Eliécer Narváez, conductor de un bus, a denunciar que Diego Felipe participó en el asalto a este vehículo. Por eso, solicitamos a la Dirección de la Policía que destituya al general Patiño y [que éste] responda ante la justicia por su conducta en torno al asesinato de Diego Felipe.
AM: –¿Cómo fue la ayuda de Patiño al conductor del bus?
MP: –Acá, usualmente le dan a la víctima una hoja para escribir el denuncio y nada más. En el caso de Narváez, el general Patiño le puso una cita al frente la iglesia del barrio 20 de Julio. Allá lo recogen en una patrulla donde va una teniente coronel y lo llevan a presentar la denuncia. Eso se llama fraude procesal, porque quería adulterar los hechos, y falsedad en documento público.
Al tener la pruebas de esto, solicité al fiscal una orden de captura. Esta orden ya está solicitada por escrito. Además, acudí al Ministerio Público y, ya que el procurador Ordóñez habla tanto de transparencia de los funcionarios públicos, pedí información sobre el proceso disciplinario contra el general Patiño y el lunes 21 de enero pedí su destitución.
ET: –¿Hay más policías involucrados en la presunta desviación de la investigación por el homicidio de Diego Felipe?
MP: –Ya se presentó escrito de acusación contra los subtenientes Rosemberg Madrid Orozco y Juan Carlos Leal Barrero, y contra el patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo porque presuntamente participaron en la alteración de la escena del crimen. En una audiencia anterior se habló de fraude, de falsedad en documento público. Pero, si yo cometo un delito y luego viene alguien y me ayuda a encubrirlo, entonces, debo responder por ese delito. Así, la justicia me está dando la razón y vendrá la acusación como coautores por el delito de homicidio.
AM: –¿Hay más oficiales involucrados?
MP: –El Fiscal 295 Único Anticorrupción va a pedir las ordenes de captura [en contra] de cuatro coroneles y dos mayores de la Policía. Ya tenemos los testigos que dicen que ellos mandaron a buscar el arma, la trajeron de un CAI cercano al lugar donde mataron a Diego Felipe, y nos siguen escondiendo a dos conductores de patrullas policiales.
AM: –Se habla del papel de un abogado en esta trama para desviar la responsabilidad del patrullero Alarcón. ¿Quién es?
MP: –El viernes 11 de enero se presentó escrito de acusación contra los civiles Edgar Narváez, conductor de la buseta, y el abogado Héctor Hernando Ruiz. Ruiz ejercía la defensa del patrullero Alarcón.
Ya supimos que el abogado fue quien puso el arma. Colocó la primera arma que llegó que era la plateada, que era la que no servía, porque después llegó una negra, pero no la pudieron dejar allí.
AM: –A pesar de que tanto el Ministerio Público como la Fiscalía solicitaran que la investigación la adelantara la Justicia Penal Militar, usted logró que fuera llevada a la justicia ordinaria. En esa jurisdicción, ¿ha recibido apoyo de alguna entidad estatal?
MP: –La Policía lo único que ha hecho es esconder a los policías involucrados, entorpecer la investigación, decir mentiras. La actitud de la Policía, la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa ha sido totalmente hermética y contraria al esclarecimiento de los hechos.
AM: –Si el asesinato de Diego Felipe Becerra hubiera ocurrido luego de aprobada la reforma al fuero penal militar, ¿cuál sería la suerte del proceso judicial?
Con el nuevo fuero penal militar indudablemente nos hubiera tocado recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este asunto comenzó con la Juez 42 Penal Militar, donde todo era una puesta en escena para ayudar a absolver al patrullero Alarcón, con la finalidad de que no fueran detenidos los otros uniformados. Sin embargo, aún en la justicia ordinaria me llevan de audiencia en audiencia, después de que capturan a Héctor Ruiz. La defensa siempre pide aplazamiento porque los abogados son nuevos.
Por: Andrés Monroy Gómez
En: El Turbión
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