El bloqueo físico e institucional que están viviendo los campus de Bogotá y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia la debilita como institución pública y proyecto común de la sociedad colombiana. Comparto el sentimiento de desasosiego y frustración que tienen otros profesores y muchos estudiantes y trabajadores, ante la imposibilidad de desarrollar las actividades académicas que le dan sentido a la primera institución de educación superior en el país. Una universidad bloqueada es incapaz de responder frente a los inmensos desafíos que implica la deuda histórica del Estado colombiano con la mayoría de los bachilleres y con los problemas que nos aquejan como colectividad.
La reivindicación hecha por el Comité Promejora Salarial (CPS) en lo relacionado con la nivelación de los ingresos económicos de los trabajadores de la Universidad Nacional, con respecto a los funcionarios del mismo nivel dentro de la administración pública colombiana, ha sido reconocida por la actual dirección de la U.N. y por los expertos nombrados como consecuencia del Acta de Compromiso suscrita el 18 de marzo del año en curso. Falta por definir el porcentaje del incremento salarial, que en los estudios fluctúa entre el 19 y el 63%, y los reajustes a la planta administrativa. Por consiguiente, existen razones para la protesta; no obstante, no sucede lo mismo con los medios utilizados por el CPS.
La Universidad, dentro de los límites de su autonomía, no está en capacidad de aprobar incrementos salariales, pero si debe construir y apoyar una solución justa. Solo el Gobierno Central, en especial la rama ejecutiva y el Ministerio de Hacienda tienen la competencia para hacer los reajustes en la remuneración de los trabajadores. En consecuencia, la U.N. no debería ser la afectada principal por una protesta que debe tener otro destinario y que como está planteada desdibuja al principal responsable de la financiación adecuada de las universidades públicas: el Estado colombiano.
Un campus vacío, con edificios cerrados, donde a los miembros de la comunidad universitaria nos impiden ingresar para reunirnos, desarrollar los cursos, realizar las investigaciones, impulsar los proyectos de interrelación con el resto de la sociedad o construir la vida y los lazos de solidaridad de una comunidad universitaria es el peor escenario para legitimar una reivindicación que se considera justa. Además, conlleva un conflicto de derechos que alimenta los llamados a las soluciones autoritarias. El bloqueo físico realizado por el CPS agrava el bloqueo institucional al que está sometida la comunidad universitaria de la U.N. desde hace muchos años y que en la actualidad repercute en el manejo equivocado de los conflictos por parte de la administración y en la elusión o tratamiento coyuntural de los problemas centrales que nos aquejan. Solo a modo de ejemplo, las actividades académicas de los viernes por la tarde han sido suprimidas, en virtud de una medida adoptada por la Vicerrectoría de la Sede que no soluciona los problemas causados por el microtráfico de drogas ilícitas en el campus de Bogotá, pero que sí denota el talante autoritario de la dirección de la universidad y desidia frente a la vida académica. Día a día asistimos a la adopción de medidas que únicamente consultan los intereses de una minoría de los miembros de la comunidad universitaria o de políticas que desatienden los problemas estructurales de la U.N. El despotismo institucional se ha ido imponiendo como una forma de bloquear la participación de los profesores, estudiantes y trabajadores en la adopción de las decisiones que afectan su trabajo y su cotidianidad, o de evadir las soluciones concertadas que requerimos con urgencia.
El bloqueo institucional, tan grave como el físico, exige que encontremos el camino para que la comunidad universitaria defina sus derroteros y no siga siendo sometida las decisiones de miembros de los cuerpos colegiados que no representan a las mayorías de sus estamentos. Cuando me veo sometido a una institucionalidad que inhibe mi participación activa y decisoria, como profesor, en la definición del destino de una universidad con una autonomía única y especial reconocida por la constitución de 1991, siento el mismo desasosiego, la misma frustración y la misma negación de mis derechos que me suscitan los bloqueos físicos.
No deseo acallar mi voz ante el debilitamiento de la Universidad Nacional de Colombia, el cual puede llevar a una intervención externa o a una escalada de imposiciones autoritarias, derivada de la ruptura de los diálogos y la deliberación propios de la academia que fue propiciada por el Rector y los Vicerrectores en el Consejo Superior. Por tal razón, propongo que exijamos la apertura inmediata de los campus bloqueados, así como la transformación de la actual institucionalidad autoritaria, y acojamos las propuestas siguientes:
1. Formar una comisión compuesta por representantes de los profesores, los estudiantes, los trabajadores y las directivas de la U.N. que decida sobre el porcentaje justo para el incremento del salario de los trabajadores e implemente una veeduría pública que le haga el seguimiento al trámite que debe hacer la Rectoría ante el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de obtener los recursos necesarios para responder a la reivindicación del CPS, ponderada por la comunidad universitaria. Es el momento de unirnos para que el presupuesto de la Universidad y de las instituciones públicas, que actualmente se discute en el Congreso, satisfaga sus necesidades reales.
2. Realizar una consulta por estamentos en la que se le pregunte a la comunidad universitaria si considera que los órganos colegiados de dirección de la U.N deben estar conformados mayoritariamente por sus representantes directos, para que sean ellos los que definan las reformas urgentes que necesita la institución y las propuestas que debemos hacerle al país con el objetivo de superar la crisis de la educación superior colombiana. El resultado de dicha consulta, cualquiera que sea, debe ser tomado como un mandato imperativo por todos los que participen en ella y por la dirección de la universidad. Si es el caso, se deben efectuar los cambios estatutarios necesarios y proponer las reformas legislativas pertinentes. De esta manera, se podría empezar a interrumpir el bloqueo institucional que nos afecta.
Esta carta solo me compromete a mí, como profesor de la Universidad Nacional de Colombia. No debemos guardar silencio cuando la vida de nuestra comunidad universitaria está amenazada por diferentes autoritarismos que inhiben el diálogo, la deliberación y la participación decisoria, y por bloqueos físicos e institucionales que niegan su razón de ser.
Bogotá, 3 de septiembre de 2013
Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia.
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