¿Por qué defender la educación pública?

Las luchas y movimientos estudiantiles en Europa y América responden a la pregunta con acciones masivas, abiertamente críticas y desafiantes de la empecinada política educativa impuesta desde el FMI o el Banco Mundial para ‘modernizar’ y hacer más ‘eficientes’ los sistemas educativos nacionales. En Chile, Canadá, Puerto Rico, Inglaterra, entre otros países, han aparecido enormes contingentes de estudiantes que se han enfrentado a los administradores coloniales para reivindicar el derecho a la educación. En México, si bien el #YoSoy132 no tiene una agenda exclusivamente estudiantil no puede negarse la enorme importancia que tiene el tema educativo, sobre todo por su crítica a la televisión, gran educadora de las mayorías y aliada del Vaticano.

La historia México y el surgimiento del estado liberal cuenta entre sus problemas más delicados el del papel del estado en la educación. Como consecuencia del monopolio que ejerció la iglesia católica para educar a la población, a lo largo de los tres siglos de la Colonia, se consideró natural que dicha institución controlase el proceso educativo y peor aún, el clero lo sigue considerando hoy. Una de las demandas más recurrentes de las autoridades eclesiásticas y de las organizaciones afines es lo que llaman, la libertad de la educación, entendida ésta como la posibilidad de que sea incorporada la enseñanza católica en las escuelas públicas; se considera que el alumnado, predominantemente católico, ve coartadas sus libertades al impedírsele recibir dicha educación en el aula. Este argumento deja de lado el hecho de la existencia de la enseñanza privada, buena parte de la cual es controlada por grupos religiosos, y de la libertad de los padres y madres de familia para inscribir a su descendencia en cualquiera de ellas. En todo caso la discusión no es nueva, pero es evidente la importancia que se le atribuye a la educación y el sitio estratégico que tiene en el desarrollo de la sociedad. Este conflicto podría ser resumido en dos ideas dominantes en relación con la educación y la sociedad: la educación es un problema privado o un problema público.

Al tratar de contestar la pregunta, sería necesario considerar que la sociedades contemporáneas, y en particular la mexicana, se debaten entre caracterizar la cuestión educativa como parte de la esfera privada o de la esfera pública. Por ello, el objeto de estas líneas será describir algunos de los argumentos que defienden ambas posiciones para invitar a la reflexión.

Empezaré con los argumentos más utilizados por los defensores de la educación como parte de la esfera privada. El argumento central es muy sencillo: la educación y sus contenidos deben ser supervisados y aprobados por los padres de familia desde la perspectiva de los valores y religión que profesan en el hogar. De otro modo, los progenitores verán menoscabado su derecho a decidir sobre sus hijos y el ejercicio de su libertad para decidir lo que es mejor para su familia.

Una de las organizaciones más activas en la defensa de la educación, como parte de la esfera privada, es la Unión Nacional de Padres de Familia, que en su página de internet ofrece un diagnóstico revelador de las ideas principales con las cuales defienden su postura al respecto:

Sabiendo que la libertad de Educación en México es precaria y que no está reconocida en la constitución, ni recibe apoyo alguno por parte del gobierno y que la Calidad de la Educación es pobre, este proyecto busca el que se reconozca y apoye el derecho de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones, y que haya Libertad de Educación para todos, con un sistema educativo que promoviendo los valores universalmente aceptados, eleve la Calidad de la Educación para que, además de atender el desarrollo integral de la persona, compita favorablemente en el Concierto Mundial de Naciones.[1]

El diagnóstico se basa en los siguientes argumentos: la precaria libertad en la educación no está reconocida en la Carta Magna -aunque con la posibilidad hoy por hoy de que se apruebe la reforma al artículo 24- y por lo tanto no recibe apoyo oficial, por lo que es ‘pobre’ cuando las escuelas privadas reciben enormes transferencias de recursos y apoyos fiscales. Frente a tal panorama se reivindica sólo una cosa: que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones, que no son otros que los universalmente reconocidos -léase los valores católicos. Sólo así el alumnado podrá desarrollarse integralmente y ser competitivo en el mundo. En otras palabras, la educación en México es deficiente básicamente porque limita la libertad en la educación. Se podría deducir de lo anterior que la calidad de la educación está directamente relacionada con los valores promovidos, con el nivel de participación de los padres de familia y no necesariamente con la calidad y actualidad de los contenidos específicos de los programas de estudios. O sea, la escuela está para reproducir los valores familiares; lo demás es lo de menos. 

Hay otro argumento que está estrechamente ligado al anterior y que se utiliza mucho a la hora de elegir una institución para realizar estudios profesionales: la educación privada fomenta la competitividad. El desarrollar las habilidades necesarias para competir es uno de los valores más importantes que debería impulsar la educación. Así, el individuo que ingresa a una institución privada y paga para ser admitido, concibe a la educación como una inversión, que podrá recuperar al terminar sus estudios e integrarse al mercado laboral, basándose en su capacidad para competir con otros. Ya que el mercado se rige por la competencia, es necesario que el individuo comprenda y desarrolle las habilidades necesarias en la escuela para, posteriormente, moverse con soltura en su vida profesional. Y esto sólo se puede lograr si, y sólo si, el individuo invierte en ello; sólo si compite con otros para obtener honores y privilegios. Si el individuo paga más, o sea, invierte más, podrá aspirar a obtener mejores ganancias en el futuro. La calidad de la educación, desde esta perspectiva, está directamente relacionada con la posibilidad de recuperar la inversión con creces y no necesariamente con la interiorización de valores, a no ser el de la ganancia material como sinónimo de éxito.

Como se ve los argumentos anteriores, si bien forman parte de la idea de que la educación privada es superior a la pública, no necesariamente coinciden con respecto a los valores promovidos. El valor fundamental en el seno familiar no es la competencia sino la cooperación; pero en el mercado laboral sucede exactamente lo contrario. De este modo queda expuesto que la idea de la educación, como problema específico de la vida privada, contiene contradicciones ya que para unos lo central es la educación de valores mientras que para otros lo primordial es la educación para la competencia, en donde lo importante es ganar, aun a costa de los demás.

Desde la perspectiva de la preeminencia de la esfera pública, que define a la educación como un problema social, voy a describir dos argumentos que ilustran sus perspectivas.

En primera instancia, si se parte de la premisa de que el Estado tiene como objetivo fundamental la preservación y promoción de la paz social -indispensable para generar un ambiente favorable a los ‘negocios’, aunque el caos que vivimos no parece afectarles mucho- es necesario que intervenga y regule la esfera educativa. Al uniformizar contenidos educativos, controlando y supervisando a las autoridades e instituciones educativas, el Estado no hace otra cosa que reducir la posibilidad de conflictos sociales. De otro modo, la Nación no contaría con una identidad colectiva, nacional, que le permitiera a sus miembros reconocerse como ciudadanos y por lo tanto estaría expuesta a constantes divisiones. Se podría objetar la neutralidad de la historia oficial, promovida en la educación pública, pero sería difícil no reconocer que el objetivo de dicha historia no es otra que dotar de símbolos nacionales que sirvan como asidero para no sólo formar parte formalmente de la Nación, sino para que el ciudadano se sienta parte de ella. La construcción de la Nación, o sea de esta comunidad de individuos que se siente parte de una cultura, una historia, un marco legal común, inició en México sólo después de la guerra de Reforma, en la que se debatieron precisamente los valores constitutivos de la nacionalidad, en particular del principal agente educador, la Iglesia o el Estado. La construcción de la nacionalidad mexicana pasó necesariamente por el control estatal de la educación. Toda la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario en el que se cimentaron los ejes constitutivos de nuestra mexicanidad; la escuela fue un espacio central de dicho proceso, al mismo tiempo que el Estado liberal empezaba a construirse, apostando precisamente por la invención de una Nación desde la escuela laica.

Ahora me gustaría abordar un segundo argumento, que está relacionado con lo que había señalado antes en términos de inversión y educación.

A diferencia de las instituciones privadas, las públicas se caracterizan por su gratuidad en términos de cuotas o colegiaturas. Este hecho -puesto en duda en los últimos años, sobre todo en las universidades mexicanas- representa otro elemento necesario para contestar a la pregunta de este ensayo. Desde la idea de la importancia de reconocer a la educación como un problema de carácter público, la gratuidad de la educación pública se basa en el principio de que no son los individuos los más beneficiados al adquirir conocimientos sino la sociedad en su conjunto. En este sentido, no es el individuo el que invierte sino la sociedad, ya que será ella la principal beneficiada al contar con ciudadanos y ciudadanas preparadas para atender los conflictos sociales y económicos de un país.

El Estado, al invertir en la educación, promueve el enriquecimiento de la Nación y su capacidad para enfrentar los cambios que impone el mundo en el que vivimos. Para ello es necesario que el estudiantado no conciba a la educación como una inversión personal sino social. De este modo, el profesionista se incorpora al mercado laboral pensando en que cómo retribuir a la sociedad, más que en cómo recuperar lo que gastó en su educación. Esta pequeña diferencia es, en mi opinión, en la que descansa uno de los más fuertes argumentos a favor de la educación pública: en lugar de salir a trabajar buscando cómo cobrarse, el individuo se incorpora a la sociedad pensando en que cómo retribuir, para quedar a mano con la sociedad que le concedió el privilegio de una educación universitaria. Es evidente que éste profesionista no se olvida de sí mismo y de sus necesidades, pero al sentir que está en deuda, por la educación que recibió, tendrá una visión más humana y social de su vida profesional y de su relación con la sociedad en la que vive.

Independientemente de la posición que se defienda de algo estoy seguro: el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades es fundamental. En consecuencia es necesario abrir la discusión, involucrando a todos los actores sociales, para definir los objetivos de la educación y de la Nación, desde una perspectiva común, social, incluyente. Defender la educación pública consiste precisamente en evitar la exclusión desde una perspectiva familiar o religiosa, situando el problema en el espacio público y partiendo de la idea de una educación ajena a prejuicios y falsedades disfrazadas de sentido común.

Por eso, al preguntarnos ¿Por qué defender a la educación pública? habría que poner en la balanza los beneficios de la educación desde la perspectiva de las necesidades individuales o colectivas y plantear otra pregunta: ¿A qué clase de sociedad aspiramos? Al responderla estaremos en mejor posición para comprender la magnitud del problema.

[1] Unión Nacional de Padres de Familia. Libertad de educación. www.unpf.org.mx

Fuente: Kaos en la Red