Tomado de:Tribuna Roja Nº 111, enero 13 de 2011
El rasgo fundamental de la política educativa de Uribe Vélez fue que degradó la calidad de la educación como consecuencia de ajustar el país a la globalización. Uribe tomó como guía el Plan Visión Colombia 2019: “La visión 2019 concibe una economía cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la productividad y la competitividad internacional, lo que impone retos adicionales al sistema educativo, que debe formar egresados en la cantidad y con la calidad suficiente para responder a las necesidades de una economía en crecimiento. Estos desarrollos hacen necesaria (…)
la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo como resultado de la dinamización de los sectores de la economía conectados con mercados externos”. Esto significa que la educación debe servir a un sistema económico sometido a las necesidades del capital financiero internacional, en sectores como el minero-energético, la producción de bienes tropicales en lo agrícola y la maquila en lo industrial, bajo condiciones de superexplotación laboral.
Las transferencias por estudiante decrecieron 40% en términos reales de 2002 a 2006, y la deuda del gobierno con las universidades estatales llegó a $500 mil millones. Uribe contrajo dos préstamos con el Banco Mundial por 500 millones de dólares para financiar la línea de crédito del Icetex y profundizar el sistema de financiación a la demanda; como consecuencia de ello, uno de cada cinco estudiantes de pregrado tiene créditos de esta institución. Por otro lado, las matrículas de las universidades privadas siguieron al alza, sin el control de las autoridades competentes.
El impacto propagandístico con el incremento de la cobertura omite que esta sí se dio, pero principalmente en la educación de tipo técnico y tecnológico y, en especial, en el SENA. Según Planeación Nacional, “a 2009, en la formación superior (técnico profesional, tecnológico, profesional universitario) y tomando como población de referencia a los jóvenes de 17 a 21 años, la cobertura bruta alcanzó el 35,5%; entre 2003 y 2009 la matrícula en pregrado aumentó en 496.837 alcanzando 1.493.525 estudiantes en el último año, de los cuales 482.505 cupos (32,3%) correspondieron a niveles de formación técnica y tecnológica, incluido el SENA, que contribuyó con el 53% de la misma”. A pesar de lo anterior, la deserción llegó a 45.3% en el sector público y a 50% en el privado.
El aumento de los cupos no fue consecuencia del incremento de los recursos públicos para los establecimientos educativos. Se hizo en desmedro de la exigencia académica, con hacinamiento, y orientando la producción científica a beneficiar a multinacionales y monopolios; reduciendo la profundidad de los currículos y la duración de las carreras; aumentando, en lugar de profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva, el porcentaje de profesores de hora cátedra y ocasionales; haciendo obligatoria la presentación del examen Ecaes (ahora Saberpro), con lo cual se controla la incorporación de competencias ciudadanas, académicas y laborales a los programas de las carreras, violentado la autonomía universitaria, la democracia y la libertad de cátedra. Según Sindesena, 60% de los programas del SENA son de tipo virtual; hasta se certifican torneos de fútbol y personas que no tomaron los cursos. El mandato de Uribe fue aciago para la educación superior en Colombia, pues degradó la calidad por adecuar el país al rol que juega en la globalización económica.
¿Para dónde van Santos y su “Calidad: camino a la prosperidad”?
La política educativa de Santos está, en lo fundamental, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, tanto en educación superior como en preescolar, básica y media. El principio de dicho Plan, y no sólo en materia educativa, es: “El Estado es quien despeja el camino -fija las reglas de juego y dirime los conflictos-, pero el sector privado es quien lo construye y lo recorre”. No es cierto que en el neoliberalismo el Estado no intervenga en la economía. Sí interviene, pero en beneficio de las multinacionales y del capital financiero. Carlos Marx lo definía: “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”.
Este criterio también orienta la educación superior en Colombia: adecuarla a las necesidades de la globalización. Santos, como su vocero, ha insistido en que sus “locomotoras del desarrollo” son el sector agropecuario con el modelo de gran plantación y de producción de agrocombustibles; el minero-energético, convertido en el principal destino de la inversión extranjera directa en Colombia; la infraestructura de transporte y comunicaciones, indispensables para la extracción y saqueo de nuestros recursos y la importación de mercancías; la vivienda, como fuente clave de enriquecimiento para el capital financiero, y los llamados sectores de innovación.
El Plan Nacional de Desarrollo explica la educación que requieren tales “locomotoras”: el Ministerio de Educación, Colciencias y el SENA “desarrollarán pilotos en los sectores locomotoras para que el país cuente con las metodologías, procesos, estándares y el desarrollo institucional requerido; así como en el sistema educativo, como parte de la estrategia de formación en competencias laborales del personal docente en todos los niveles”. Los Ministerios “publicarán lineamientos y guías que permitan conocer los requerimientos mínimos de cualquier agente privado o público para la construcción de normas de competencias laborales y currículos académicos basados en competencias, y ser incluidos en el MNC (Marco Nacional de Cualificaciones). Y fomentarán el diseño de normas de competencia laboral en todos los sectores productivos y niveles de ocupación, vinculando al SENA y a otros agentes”.
Además se implementará un “plan de choque” formativo en competencias laborales para desarrollar las “locomotoras”, que consiste en que estos le definan al MEN cuáles son sus necesidades de “recurso humano”, de tal forma que el Ministerio “genere los incentivos a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para priorizar la formación y el desarrollo de competencias laborales específicas de acuerdo con las necesidades definidas por estos sectores”. La cobertura en capacitación del SENA también deberá ser ajustada de acuerdo con las necesidades de los “sectores locomotora”. En definitiva, los contenidos de las carreras no serán definidos por estudiantes y profesores, de acuerdo con lo más elevado del conocimiento y de la ciencia, sino por las multinacionales y los monopolios criollos.
El capital financiero es la base de la financiación en este gobierno, tanto en la universidad pública como en la privada, en cuatro formas: “Buscarán nuevas fuentes de recursos” vinculando a la nación, los entes territoriales y al sector “productivo”; se incrementarán los recursos para nuevos créditos “fortaleciendo de esta manera al Icetex”; fomentarán “la participación del sector privado, cajas de compensación y cooperativas en proyectos que consoliden la oferta de educación superior” y constituirán un “portafolio de posibilidades para que a través de la banca de fomento, la banca comercial, la banca multilateral y el sector privado se provean recursos (…), para que se adelanten proyectos de infraestructura física y tecnológica”.
Ya se está aplicando. Un ejemplo es el préstamo que está gestionando la Universidad Nacional. La representación estudiantil ante el Consejo Académico indicó: “El préstamo (…) está estimado hasta por 169.000 millones de pesos. La sede Bogotá, en Consejo de Sede realizado el 14 de octubre de 2010, aprobó un endeudamiento por 86.267 millones de pesos. El préstamo de la UN -de Wasserman- será soportado por la producción docente, es decir, por el aumento de la extensión remunerada -no solidaria- y los programas de extensión, así como por la `optimización´ de la planta docente o, lo que es lo mismo, su reducción significativa y posterior reemplazo por docentes ocasionales”.
Si el presupuesto de la Universidad Nacional es cercano al billón de pesos, de los cuales casi la mitad son recursos generados por la Universidad, se tiene que el préstamo está alrededor del 20% del total del presupuesto que el Estado destina anualmente a este centro educativo. Es un golpe severo a sus finanzas y un condicionamiento de su actividad académica e investigativa. En octubre de 2010, el Congreso aprobó por iniciativa del gobierno de Santos, a pesar de la movilización estudiantil, un recorte por $200 mil millones al sistema de universidades estatales, que las pone a merced del capital financiero para cubrir sus faltantes.
Santos y su ministra han insistido en la “internacionalización de la educación superior”. La aprobación de los TLC supone el ingreso al país de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas como las de Motorola, Disney, Marlboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft, entre otras. Ya tenemos dos casos: la de Sanitas en el campo de la Salud y la Chevrolet para taxistas. Lenin alcanzó a señalar de manera precisa: “El monopolio, una vez que está constituido y maneja miles de millones, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen político y de otras `particularidades´”.
La solución es la lucha democrática de masas
Estudiantes, profesores y trabajadores tienen suficientes motivos de protesta: la reforma integral que empeora la Ley 30 de 1992, reglamentaria de la educación superior; el incremento de las matrículas; la imposición de competencias académicas, ciudadanas y laborales como criterio único en la definición de los contenidos de la educación; las reformas laborales para profesores y trabajadores; la crisis financiera de las universidades; los empréstitos crecientes como solución financiera, y, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, conforman las iniciativas con que Santos mantiene la ruta privatizadora y antinacional de los últimos tiempos.
Esto sólo podrá ser derrotado con un vigoroso movimiento de masas de los tres estamentos universitarios, con el apoyo de la población, que reivindiquen el papel de una educación de nuevo tipo: científica, que instruya en los más altos contenidos de la ciencia y del conocimiento; nacional, orientada a beneficiar a la población y a la nación colombiana, y democrática porque implica el respeto de las libertades y los derechos. Al igual que en el gobierno de Uribe Vélez, la resistencia la liderará el estudiantado, que con su ímpetu fijará el rumbo de lucha a los demás estamentos universitarios. La derrota de la política educativa de Juan Manuel Santos es la tarea.
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