Por: Miguel Ángel Beltrán Villegas
A finales de 1894, el capitán francés Alfred Dreyfus, fue acusado de haber entregado información secreta al agregado militar de Alemania en París, por lo cual se le adelantó un consejo de guerra por traición que le valió su degradación como militar y su condena a cadena perpetua, en una decisión que dividió a la opinión pública de su tiempo. Años después se supo que las pruebas habían sido falsificadas y se puso al descubierto que todo había sido producto de una conspiración contra el oficial por su origen judío, instigada por la prensa conservadora, la Iglesia católica, el ejército nacionalista y el gobierno.
La euforia triunfal con que fue acogida la injusta condena del capitán Dreyfus, en una sociedad polarizada como la Francia de finales del siglo XIX, despertó la reacción de algunos intelectuales, entre ellos Emile Durkheim quien vio en esta situación un síntoma de la enfermedad que padecía la sociedad francesa en su conjunto: “Cuando una sociedad sufre, -escribió el sociólogo francés- siente la necesidad de encontrar a alguien a quien pueda hacer responsable de sus males, en quien poder vengar sus desgracias: y aquellos a los que la opinión pública discrimina ya están naturalmente designados para ese papel. Son los parias que sirven de chivo expiatorio[…]”.
Algo similar está pasando en Colombia. Me inclino a creer que se trata de una enfermedad crónica en una nación atravesada por un prolongado conflicto armado y social que hasta hace muy poco, por decreto presidencial, no podía ser enunciando y en un país donde el poder de las minorías políticas y económicas no ha tenido escrúpulos a la hora de eliminar moral -cuando no físicamente- a aquellos que se atreven a pensar de manera diferente. Casos como el del profesor y sociólogo Alfredo Correa hablan por sí solos: en su momento acusado de ser “un ideólogo de las FARC”, fue asesinado un mes después de que un juez declarara su inocencia y se demostrara que todo había sido un montaje judicial en el que participaron funcionarios del DAS.
Ahora tenemos en la picota pública al profesor Miguel Ángel Beltrán a quien una juez especializada declaró inocente de los cargos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas luego de “un debate oral, público, concentrado y contradictorio, con inmediación de la prueba que se adelantó durante aproximadamente 80 horas, distribuidas en cerca de quince sesiones efectivas, en las cuales se presentaron 20 testimonios y fueron discutidas y aducidas más de 12 evidencias”, como lo señaló la defensa técnica en un comunicado público que circuló por internet y que pocos periodistas se han interesado por conocer.
De modo tal que en el momento en que la Corte Suprema de Justicia profiere su pronunciamiento acerca de la ilegalidad de los supuestos computadores incautados al extinto jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, lo sustancial y amplio del debate probatorio del juicio oral en mi contra, se había adelantado ante la Juez de la causa y sólo restaban los alegatos finales de las partes. Información que algunos medios de comunicación han querido ocultar deliberadamente, señalando que el fallo fue producto del acto inhibitorio de la Corte.
Con el artículo de la periodista Salud Hernández son ya varias las columnas editoriales y de opinión que –en medio de la solidaridad y acompañamiento de un amplio sector de la comunidad académica nacional e internacional- se han venido lanza en ristre contra la decisión tomada por la mencionada juez, y en particular contra el profesor Beltrán. No debería sorprendernos estas reacciones. Es muy saludable para una democracia que circulen y puedan sustentarse opiniones diversas. Lo que asombra en este caso no es que se tengan visiones diferentes del caso sino que prestigiosos columnistas, de los que uno esperaría cierta objetividad, se hayan limitado a reproducir, sin el más ínfimo sentido crítico, los alegatos finales del fiscal Ricardo Bejarano, cuyos sesgos e inconsistencias fueron puestos de presente por la defensa técnica, en cabeza del Doctor David Albarracín.
Lo mínimo que se le puede exigir a un profesional del periodismo con algún grado de sensatez, es que antes de atreverse a juzgar a una persona por su pensamiento y sus actitudes tuviera a bien investigar un poco más a fondo situaciones de las que habla categórica y temerariamente, máxime cuando ellas atentan no sólo contra una institución pública de indiscutible trayectoria como es la Universidad Nacional sino que de paso coloca en riesgo la vida de aquellos docentes que nos apartamos de las verdades oficiales ¿Dónde está la profesionalidad de estos comunicadores sociales? ¿Dónde está la responsabilidad ética y política de los medios de comunicación colombianos?
Pero el hecho que estas diatribas provengan de veteranos periodistas me hace pensar que no estamos ante un simple “error de aprendiz” sino que por el contrario existe en sus columnas un propósito ideológico deliberado, intentando demostrar en los medios de comunicación –que ya todos sabemos a qué intereses responden- lo que no pudieron hacer en los estrados judiciales, haciendo creer que han aparecido pruebas nuevas cuando todas ellas fueron evaluadas en un juicio, en el que se me mantuvo privado de la libertad por más de dos años. Lo que hoy se pregona de la Usb tiene problemas de legalidad y significativas inconsistencias que fueron puestas de presente en su momento por la defensa demostrando mi inocencia. Se trata del manejo maniqueo de algo que ya se debatió en el proceso y que seguramente constituirán los argumentos del recurso de la apelación de la Fiscalía, que en nada varían el sentido del fallo emitido por la juez.
Este “terrorismo mediático” es una clara expresión de un país enfermo, donde se estigmatiza y condena públicamente a las personas, sin la menor posibilidad de réplica y contrargumentación. No lo planteo como un juicio “a priori” pues, salvo la rectificación hecha por el periodista Guillermo Prieto en sus “Especiales Pirry”, ningún otro medio de comunicación ha tenido la entereza y el decoro de hacerla, pese a mi solicitud expresa, lo que denota que no hay interés en buscar la verdad sino en crear realidades acomodadas no importa los costos humanos que eso pueda representar, porque de un profesor que se afirma categóricamente pertenece a las FARC, no se puede esperar que imparta sus clases sin que su vida corra el menor peligro.
No nos digamos mentiras señores periodistas, aquí hay algo más que una simple opinión diferente. Aquí lo que se desvela es la clara intención de eliminar del espacio público y universitario a alguien que resulta incómodo para el Stablisment, recurriendo a argumentos que ofenden los límites del sentido común y con el concurso de personajes que tradicionalmente se han prestado para adelantar campañas de desprestigio al servicio de la Casa de Nariño.
Desafortunadamente, periodista Salud debo decirle que Usted no le hace honor ni a su nombre ni mucho menos a su oficio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario