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Por: Andrés Monroy
Una ley aprobada hace menos de cuatro meses en Colombia busca penalizar las expresiones de inconformidad en las calles. A pesar de esto y de las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, cada día hay mayor intensidad y cantidad de protestas, entre ellas, de los estudiantes universitarios.
Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, afirmó que "siempre se habla de censura, de protección a periodistas, de la regulación de los medios y monopolios, y a las manifestaciones se las ve como problemas de tránsito. No todos tienen tan clara la vinculación entre libertad y protesta social".
La expresión libre a través de protestas ciudadanas es objeto de formas particulares de restricciones en el caso colombiano. Una ingenua esperanza rondaba algunos sectores de la sociedad colombiana, para quienes el cambio de lenguaje del actual gobierno podía significar una ruptura con las estrategias de persecución e intimidación a los opositores políticos durante la presidencia de Álvaro Uribe. Desafortunadamente se diluye al compás de actuaciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, entre ellos el mismo presidente Juan Manuel Santos.
El diagnóstico de la profunda crisis por la que los colombianos reclaman acciones eficaces, se refleja en las cada vez más intensas y frecuentes protestas en diferentes regiones del país. El común denominador: la irrupción de la estrategia de estigmatización generalizada en contra de estas manifestaciones de inconformidad.
Es así como un informe de la Policía, al dar cuenta del incremento de las protestas (en 2010 se realizaron 1.142 manifestaciones y en lo corrido de 2011 van 1.573), hace énfasis en su preocupación por la intervención de grupos ilegales en éstas.
Esta táctica de señalamientos, que a pesar de los discretos llamados del gobierno a la no generalización, buscan deslegitimar los reclamos de diferentes sectores de la población colombiana. Para la muestra, varios ejemplos de hechos ocurridos en los últimos dos meses.
El más reciente, es la acusación de infiltración subversiva de los movimientos estudiantiles que protestan en diferentes universidades del país en contra de un proyecto de reforma de la educación superior. Juan Manuel Santos, en un discurso pronunciado durante la activación de una nueva brigada del ejército, señaló: "Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos". Quizás esta razón esgrimida por el jefe de Estado, constituye la motivación para que las fuerzas de seguridad persistan en sus seguimientos intimidatorios contra líderes sociales. Por esto no es extraño advertir la presencia de personas que desde edificios públicos registran mediante videos y fotografías a los manifestantes, inclusive cuando las movilizaciones se realizan con los permisos exigidos por las autoridades.
Uno de los principales medios de comunicación escritos del país, haciendo eco a los señalamientos de Santos, afirmó que "tuvo acceso a un completo dossier, elaborado por los organismos de seguridad, en el que se evidencia el poder de infiltración de las Farc y el Eln, ya no sólo en las tradicionales universidades públicas, sino también en los más prestigiosos planteles privados en el país. Por ejemplo, se ha establecido que a través de la denominada Plataforma Encapucharte, colectivos, brigadas y células de la guerrilla están desarrollando trabajos de adoctrinamiento ’en organizaciones cívico-sociales y movimientos juveniles’, con el fin de blindar sus enlaces ilegales al amparo de instituciones que sí son legales". No tardaron en producirse las primeras detenciones. En los últimos días fueron detenidos varios estudiantes que participan activamente en la mesa nacional que se opone a la reforma propuesta por el gobierno. Gustavo Gallardo, de la fundación ’Lazos de dignidad’, declaró a los medios de comunicación que "Se realizaron hasta hoy 60 capturas en todo el país, con la característica que se emiten una semana después de las declaraciones del presidente Santos, frente a la presunta infiltración de la guerrilla en las universidades del país. Todas las órdenes tienen fecha del 30 de septiembre, son selectivas y arbitrarias".
Otro caso es el de los trabajadores de la compañía petrolera Pacific Rubiales Energy. Sus exigencias por mejores condiciones laborales fueron reprimidas por los escuadrones antidisturbios de la policía, donde resultaron heridos 12 trabajadores. Mientras tanto los directivos de la multinacional petrolera pedían la militarización de los campos de trabajo, negando la explotación laboral que denunciaban los trabajadores. Por su parte, un grupo de trabajo compuesto por parlamentarios y representantes del gobierno manifestó su preocupación por la disminución de la producción petrolera, sin mostrar el mismo entusiasmo a la hora de reflexionar sobre las condiciones de los trabajadores.
Paralelamente, los indígenas del convulsionado suroccidente colombiano reclaman el respeto por sus territorios ancestrales y su neutralidad en conflicto armado. La respuesta del nuevo ministro de defensa, al poco tiempo de asumir el cargo, fue acusar a los indígenas de sostener alianzas con la guerrilla. La Asociación de Indígenas del Cauca rechazó estas afirmaciones, alegando que "lo que hay en el Cauca son comunidades victimizadas por los actores armados (incluyendo la Fuerza Pública) y atrapadas en el fuego cruzado de la confrontación armada".
En el departamento de Antioquia, dos municipios han sido sacudidos por las manifestaciones de sus habitantes. En Tarazá, las movilizaciones campesinas rechazan las fumigaciones con glifosato, por considerarlas nocivas para la salud de los pobladores y sus cultivos. Al respecto se pronunció el Secretario de Gobierno del departamento, aseverando que estas manifestaciones son producto de la presión de la guerrilla de las Farc. Por su parte, en el municipio de Cuacasia, mineros informales protestan por su derecho a trabajar. Como resultado de los enfrentamientos, varias personas resultaron heridas y una mujer murió por la inhalación de los gases disparados por la policía. Esta manifestación tampoco estuvo exenta del señalamiento de ser infiltrada por la guerrilla.
Otro caso es el del sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio), donde son frecuentes los bloqueos protagonizados por ciudadanos cansados del mal servicio prestado por las empresas que tienen la concesión en las principales rutas de la ciudad. Buses atiborrados, calles en pésimo estado, incumplimiento de horarios y uno de los pasajes más costosos del país no son entendidos por las autoridades distritales y por los directivos de las empresas privadas que operan ese sistema como causas lógicas de las protestas. Su interpretación de los hechos apunta a la actuación de "agitadores profesionales".
Todas estas movilizaciones ven la sombra de una ley aprobada en junio de este año, que establece penas que van desde los 2 hasta los 4 años de prisión y millonarias multas a quienes sin el permiso de las autoridades obstaculicen las vías o infraestructura de transporte. Más adelante, la misma ley señala penas de 4 a 8 años y multas a quienes imposibiliten la circulación de vehículos de transporte público.
Es cierto que una de las obligaciones de los gobernantes es preservar el orden público, buscando prevenir desmanes durante las manifestaciones. Pero es válido preguntarse por el concepto de ’orden’ que se busca defender con estas leyes. Adicionalmente, normas como la mencionada, de manera genérica criminalizan comportamientos inherentes a las manifestaciones callejeras y son la puesta en escena de intimidantes procesos judiciales contra quienes encuentran en las protestas públicas la única alternativa de ser escuchados.
Ante la hilarante y descabellada posibilidad de calificar a todos y cada uno de los participantes de las movilizaciones de protesta como "guerrilleros", es necesario preguntarse sobre cómo interpretar esta sistemática campaña de estigmatización contra la movilización social de protesta. ¿A qué le teme el Gobierno?
Varias opciones surgen de esta pregunta. Una primera posibilidad de respuesta, es que los ocho años de la "seguridad democrática" de Álvaro Uribe fueron un total fracaso y las guerrillas cada vez tienen más capacidad de movilizar a obreros, campesinos, estudiantes e indígenas. Seguramente esta interpretación no será del gusto de quienes defiende el legado uribista.
Otra respuesta gira en torno al creciente descontento social, por la cada vez más profunda brecha social (por ejemplo, un congresista gana en un mes lo que un colombiano promedio gana en 3 años). Esto se suma a los inocultables casos de corrupción administrativa y la desviación moral de las fuerzas de seguridad, frecuentemente involucradas en casos de ejecuciones extrajudiciales, (mal llamadas ’falsos positivos’), agresiones sexuales y desviación de recursos públicos para intimidar a los críticos del gobierno, entre otros tantos casos. Pero esta interpretación tampoco gustará al oficialismo, para quienes todas estas denuncias hacen parte de una conspiración contra el expresidente Álvaro Uribe.
Quizás llegó la hora en que los gobernantes acepten que no están haciendo bien su papel y tomarse en serio las protestas de los colombianos.
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