Resulta lamentable el hecho ocurrido el día 18 de abril en el claustro universitario; es doloroso ver cómo un ser humano salió gravemente lesionado, que si bien hoy fue policía, ayer fue estudiante, antes campesino o cualquier otra persona sobre el territorio nacional. Hacemos entonces un llamado a que se reflexione, no acerca de la etiqueta social que se pone sobre el ser humano, sino en centrar nuestras miradas para ver cómo en la universidad y en el país la prolongada violencia ha venido creciendo y deshumanizando la sociedad, aquella que enfrenta una dura realidad desde hace décadas.
Lo ocurrido es una de tantas cosas que se debe lamentar dentro de nuestra Alma Mater, no es sólo la manera como la violencia ha aumentado, sino la manera como se han cerrado los espacios de debate y comunicación dentro de la universidad porque, si bien, el 18 de abril fue afectado un miembro de la fuerza pública, debemos recordar la cantidad de personas gravemente lesionadas el día 15 de septiembre de 2010, o el día 31 de marzo de 2011, o en la gran mayoría de las manifestaciones del 1° de mayo, sólo por decir algunos casos; sin embargo, también tenemos que recordar todas las veces que la administración de la universidad ha cerrado los espacios de diálogo con estudiantes, profesores, trabajadores, jubilados y/o empleados. Esta práctica es uno de los factores que genera que en el claustro no se propugne por un trato más humano sino que se lea en el otro a un enemigo.
Hay mínimos que son innegociables, llamamos la atención a los distintos actores de este tipo de situaciones para que respeten los elementos y al personal de salud en funciones de misión médica, así como a los defensores de Derechos Humanos
El accionar de la fuerza pública, su reiterado abuso de autoridad y sus extralimitaciones -incluso el uso de armas no convencionales, acompañado por un difuso control-, así como la irresponsabilidad de distintos actores de estas situaciones, hacen parte también de las condiciones objetivas que conllevan a sucesos tan desafortunados como el antes mencionado; los cuales terminan inmiscuyendo directa o indirectamente a la población general, sometiéndola a serios riesgos que podrían derivar en daños a su integridad o su vida, situación que no sólo ocurre en nuestros claustros, sino también en nuestras comunas, campos y otros lugares del país. En este punto, también se debe cuestionar el accionar de la Procuraduría, Fiscalía y demás órganos gubernamentales, quienes, con su inobservancia, han impuesto el discurso que impulsa las armas, al no generar unos mecanismos eficaces que aseguren que el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se mantenga dentro de los límites impuestos desde la legalidad, permitiendo de esta manera la impunidad de los actos de atropello que ha sufrido la población universitaria, vecinos del sector, Defensores de Derechos Humanos, entre muchos otros.
Lo anterior, es una situación replicada por la administración central de la universidad de Antioquia, quienes no logran consolidar sus propuestas de debate y argumentación entre los diferentes estamentos universitarios -precepto instaurado en sus distintos comunicados públicos-, por lo cual reiteramos y convocamos a que se construya un escenario de debate, donde se reconozca a todos los estamentos universitarios como iguales, aportantes a la solución de los problemas fundamentales de la universidad pública.
Lo ocasionado el día 18 de abril de 2012, evidencia que las medidas restrictivas, implementadas por las directivas de la universidad de manera impositiva NO solucionan -sin importar qué tanto se intenten justificar- la violencia, ni ayudan a que se disminuya, sino que alientan a que se genere la falsa idea de la existencia de dos enemigos absolutos e irracionales, que deben buscar la eliminación del uno sobre el otro; escenario que justifica cualquier vulneración y violación de derechos humanos dentro del campus universitario y que por lo tanto rechazamos de manera contundente.
Tampoco compartimos que se genere sobre la universidad una lectura que haga creer que los hechos que en ella se presentan tienen un carácter propio del Derecho Internacional Humanitario, puesto que la universidad no es un campo de batalla -y mucho menos de confrontación armada- y precisar discusiones que esencial y estructuralmente son pensadas para este tipo de situaciones es casi tan peligroso como alentar a que aquellas ocurran.
Nosotros no renunciamos, ni renunciaremos, a la idea de que entre todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden buscar medidas y lugares que sirvan como guía y alternativa, para la superación de este largo período de insensatez y desangre; esto implica el reconocimiento de todos los actores políticos de la universidad como pares. En este orden de ideas llamamos a un espacio donde confluyan todas las expresiones, universtarias, sociales y estatales, para abogar por una solución a la presente situación, que no esté conducido por ninguno de los actores ni por la administración de la universidad.
Por último vemos con gran preocupación las reiteradas amenazas y agresiones tanto físicas como verbales a los estudiantes, a los defensores de Derechos Humanos y a la comunidad universitaria en general. En especial, por su carácter y responsabilidad, a las que vienen por parte de la fuerza pública –tanto ESMAD como fuerza disponible-. Responsabilizamos a la Fiscalía, la Administración Universitaria, Gubernamental y Municipal y a la Policía -en específico a el ESMAD-, por cualquier persecución o ataque que pueda afectar la integridad de estas personas.
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA M.A.R.E.A. (Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia)
Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda.
Colectivo Estudiantil de Derechos Humanos En Construcción.
Colectivo de Derechos Humanos C.R.E.A.D.
Colectivo de Estudios Sociales y Derechos Humanos Icaria.
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios.
Oficina de Asuntos Estudiantiles de Derecho y Ciencias Políticas.
Proyecto de Oficina Estudiantil.
Colectivo de Estudio y Pensamiento Latinoamericano.
Oficina Estudiantil Facultad de Medicina – Comunidad 32
Corporación Comité Universitario de Derechos Humanos
Gustavo Marulanda
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