A propósito del proyecto de ley 073 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Tarjeta Profesional del Politólogo y se dictan otras disposiciones” vemos la necesidad de ampliar el abanico de opiniones existentes de cara al mismo, que entre encuentros, polémicas y rupturas, vislumbra la vigencia de una discusión jamás agotada, en lo concerniente a la institucionalización disciplinaria de la Ciencia Política en Colombia.
Representantes sobresalientes de la comunidad académica colombiana, en particular aquellos de evidente cercanía con la disciplina, coinciden en señalar que esta iniciativa ostenta cuatro defectos inocultables: su procedencia, su forma y su contenido, e incluso, producto de esa lógica, su alcance.
David Altman (2005, Pág.2) Cientista Político chileno, a juzgar por el nivel deficiente de institucionalización disciplinaria de la Ciencia Política en Latinoamérica, referencia una serie de criterios empleados en su evaluación, entre los cuales destaca la cantidad de programas académicos en los tres niveles universitarios, la existencia de programas de investigación científica politológica de calidad, la vinculación laboral de los profesionales de la Ciencia Política, la existencia de políticas publicas de educación superior que fomenten tanto la investigación como el desarrollo de programas académicos en Ciencia Política, entre otros. Es en ese mismo orden de ideas que Gabriel Murillo Castaño y Elisabeth Ungar Bleier, ambos docentes del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes (2000, Pág. 13) habían señalado con anterioridad, que la Ciencia Política en Colombia al igual que en el resto de América Latina, es la mas joven de las ciencias sociales, admitiendo que su nivel de institucionalización en la región refleja diversos problemas sobresalientes.
Entre sus principales argumentos figuran i) el arraigo de otras disciplinas en el mundo académico y profesional, tales como la Economía, la Sociología, la Antropología y la Psicología, suponiendo ventajas relativas frente a la Ciencia Política naciente; y ii) los contratiempos en el proceso de institucionalización de la Ciencia Política tras su aparición en Colombia, mientras que otras disciplinas de las ciencias sociales ya legitimaban sus espacios disciplinarios.
Los profesores concluyen con acierto que:
A pesar de la caracterización parcial hasta ahora esbozada del contexto colombiano, podemos aventurar la tesis, de que la deficiente institucionalización de la Ciencia Política en nuestro país está fuertemente correlacionada con la crisis de la educación superior colombiana.
Evidencia de lo anterior, es la baja productividad de la investigación científica nacional, en correspondencia con la precaria inversión (0,51% del PIB) en Ciencia y Tecnología. Esto se expresa en los índices de solicitud de patentes y propiedad intelectual, encabezados por Estados Unidos, Japón y Alemania con 58.000, 38.000 y 18.000 solicitudes aproximadas por año respectivamente, mientras que Colombia se ubica en los últimos 5 lugares con 57.[2] Incluso cifras del último informe de gestión del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias ilustran que en cifras porcentuales, Colombia apenas dedicaba en el año 2010 en Investigación y Desarrollo (I+D), un 0,18% del Producto Interno Bruto, PIB, mientras en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), empleaba un 0,48%, a su vez señalando que el Gobierno Santos ha creado falsas expectativas frente a la suerte de la investigación en el porvenir, teniendo en cuenta que las asignaciones fiscales quedaran a merced de la voluntad política del Gobierno Central a través el Sistema Nacional de Regalías, sin mencionar también que ante una eventual asignación, los recursos no irían a parar a la base presupuestal de las universidades directamente. Esta precaria situación de apoyo financiero a la investigación, aunada a la escasez de personal altamente calificado en ciencia y tecnología, debilita los esfuerzos para reducir la brecha científica y tecnológica que nos separa de los países desarrollados. (Fuentes, 1994, pág. 114)
- La Ciencia Política colombiana esta en su juventud y no cuenta con el reconocimiento pleno de la sociedad civil.
- No existen políticas que fiscalicen la investigación politológica en nuestro país.[1]
- Y por ultimo, que asistimos a una proliferación de programas de Ciencia Política en el país, a la sazón de dos factores históricos determinantes, la apertura económica y la expedición de la Carta Política del 91 (no siendo el objetivo de este escrito ahondar en los efectos que este último aspecto trajo a la disciplina, me limitaré solo a enunciarlo).
Evidencia de lo anterior, es la baja productividad de la investigación científica nacional, en correspondencia con la precaria inversión (0,51% del PIB) en Ciencia y Tecnología. Esto se expresa en los índices de solicitud de patentes y propiedad intelectual, encabezados por Estados Unidos, Japón y Alemania con 58.000, 38.000 y 18.000 solicitudes aproximadas por año respectivamente, mientras que Colombia se ubica en los últimos 5 lugares con 57.[2] Incluso cifras del último informe de gestión del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias ilustran que en cifras porcentuales, Colombia apenas dedicaba en el año 2010 en Investigación y Desarrollo (I+D), un 0,18% del Producto Interno Bruto, PIB, mientras en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), empleaba un 0,48%, a su vez señalando que el Gobierno Santos ha creado falsas expectativas frente a la suerte de la investigación en el porvenir, teniendo en cuenta que las asignaciones fiscales quedaran a merced de la voluntad política del Gobierno Central a través el Sistema Nacional de Regalías, sin mencionar también que ante una eventual asignación, los recursos no irían a parar a la base presupuestal de las universidades directamente. Esta precaria situación de apoyo financiero a la investigación, aunada a la escasez de personal altamente calificado en ciencia y tecnología, debilita los esfuerzos para reducir la brecha científica y tecnológica que nos separa de los países desarrollados. (Fuentes, 1994, pág. 114)
También es muestra de ello, las exigencias inconsecuentes presentes en la política publica en materia de calidad educativa,[3] que establece unas condiciones mínimas de calidad para el otorgamiento de registro calificado, no obstante los aportes estatales en términos financieros sean insuficientes para las instituciones de educación superior, y en consecuencias, estas se den a la búsqueda de recursos mediante la venta de servicios. (Fuentes, 1994, Pág. 115)
Al fin y al cabo hemos logrado sustentar de forma parcial y sin emplear toda la profundidad analítica que merece este ejercicio, por ser el primero, otra mirada de las cosas en lo que respecta a la discusión que reanima la iniciativa legislativa 073 de 2012, en lo relativo a la situación de la Ciencia Política y las Ciencias Sociales en Colombia, siendo nuestra ambición ultima evidenciar la correlación entre dos problemáticas aparentemente aisladas, pero concernientes a idénticos actores y escenarios.
Al fin y al cabo hemos logrado sustentar de forma parcial y sin emplear toda la profundidad analítica que merece este ejercicio, por ser el primero, otra mirada de las cosas en lo que respecta a la discusión que reanima la iniciativa legislativa 073 de 2012, en lo relativo a la situación de la Ciencia Política y las Ciencias Sociales en Colombia, siendo nuestra ambición ultima evidenciar la correlación entre dos problemáticas aparentemente aisladas, pero concernientes a idénticos actores y escenarios.
Las ciencias sociales y sus practicantes, en particular la Ciencia Política y los politólogos, estamos llamados a acompañar y a nutrir la conciencia social en la redefinición del patrón de desarrollo de nuestra nación. Este no puede seguir caracterizándose por un escaso desarrollo de la base científico-tecnológica endógena, combinada con una enseñanza superior centrada en las carreras blandas de heterogénea calidad y orientadas hacia funciones de integración cultural de masas. Se requiere un apoyo extraordinario con recursos financieros y personal altamente calificado para potencializar el desarrollo científico y técnico, para la difusión del humanismo educativo, sin el cual las universidades se convertirían en fábricas de conciencias técnicas, desarraigadas de su contexto humano y social. Hoy más que nunca la universidad debe formar humanamente a las nuevas generaciones de colombianos.
Siendo este el primero de una serie de estudios sobre el proyecto en mención, por lo pronto dejamos constancia de nuestra oposición a tan sinuoso propósito, que expresamente desconoce la voluntad de la comunidad académica y politológica de Colombia, que entre muchas otras cosas, apuesta a una discusión amplia y democrática en aras de construir, y en esa misma medida avanzar, en la institucionalización de las Ciencias Sociales de la nación colombiana, cimentada sobre los avances más considerables del plano mundial que, junto al avance humanista, científico y cultural propios, extraiga parte de la salvaguarda material que requiere el desarrollo científico, político y económico del país.
@CleanToilette
Por: Steve Steele
Representante Estudiantil Departamento de Ciencia Política.
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
En: OCE
Por: Steve Steele
Representante Estudiantil Departamento de Ciencia Política.
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
En: OCE
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[1] Los profesores Murillo y Ungar (2000, pág.13) señalan “que a pesar de que Colombia es un caso excepcional en donde la entidad gubernamental para la promoción de la ciencia y la tecnología ha financiado estudios sobre temas políticos (elecciones y partidos principalmente), en el país no han existido recursos importantes y sostenidos para apoyar la investigación científica politológica.”
[2] Proyecto de Plan Global de Desarrollo 2013-2016 “Calidad Académica y Autonomía Responsable” Ideas Rectoras. Universidad Nacional de Colombia.
[3] Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 del Gobierno Nacional.
[2] Proyecto de Plan Global de Desarrollo 2013-2016 “Calidad Académica y Autonomía Responsable” Ideas Rectoras. Universidad Nacional de Colombia.
[3] Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003 del Gobierno Nacional.
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