Sobre la securitización en la universidad pública

A propósito del allanamiento a la UN el pasado 1° de noviembre

Quienes sentimos a la Universidad como nuestro hogar, como el lugar en donde construimos un país del tamaño de nuestros sueños, hemos denunciado en repetidas ocasiones la política de estigmatización y persecución que se ha dado al interior del campus universitario por parte de la empresa de seguridad privada VISE, con la aquiescencia de las administrativas y directivas universitarias. Dicha política se ha evidenciado en los altos costos invertidos en la securitización de las instalaciones de la universidad, como en la implementación de cámaras a las que tiene acceso exclusivamente la VISE, y que cuentan cada vez con una mayor tecnología como las instaladas recientemente con IP, de igual manera se han llevado a cabo seguimientos y hostigamientos a líderes de la comunidad universitaria, y agresiones constantes que han puesto en riesgo la integridad física y sicológica de estudiantes, trabajadores y profesores.

Las administrativas y directivas han justificado de manera descarada las políticas de seguridad argumentando las problemáticas de jibarización que en este momento sufre la Universidad,creando escenarios de violación a la autonomía universitaria al solicitar el ingreso de la fuerza pública con la intensión de llevar a cabo allanamientos, dejando como resultados daños a la planta física de la Universidad, y poniendo en riesgo la vida de las personas que se encuentran al interior de ella, lo cual evidencia el superficial análisis que dichos entes tienen sobre las posibles soluciones que puede tener un problema de tráfico de estupefacientes, desconociendo los profundos resultados académicos que dentro de la misma universidad se realizan en torno a la problemática.

Así como se dio el pasado jueves 1ro de Noviembre, donde se dio el ingreso, por solicitud de la vicerrectoría de Sede, a menos de un mes del ultimo ingreso, de 220 efectivos entre los cuales había ESMAD, Fuerza Disponible y GOES (Grupo de Operaciones Especiales), quienes hicieron el allanamiento al campus, dotados de diversas armas, perros anti explosivos y anti narcóticos, ingresaron a los edificios y tras el daño de unos casilleros, se encontraron, tan sólo tres botellas de cervezas, probando completamente inútil el uso de la fuerza para la solución de las problemáticas de la universidad, y eliminando la posibilidad para las directivas de escudarse en esta situación para permitir en el futuro la violación a la autonomía universitaria y al principio de extraterritorialidad del campus.

Exigimos a las directivas generar escenarios de discusión amplia y democrática respecto a estas problemáticas, teniendo en cuenta que responden a deficiencias de apoyo integral a estudiantes a través de programas reales de bienestar, y escenarios de reapropiación del campus de cara a las dinámicas de la vida universitaria, por ende las exhortamos a llevar a cabo las iniciativas de la comunidad universitaria para este propósito y negar por completo la posibilidad de la solución de los escenarios de conflicto a través de la fuerza, la persecución y la represión.

Así mismo, convocamos a la sociedad colombiana en general, y a las comunidades de las universidades en todo el país a denunciar y pronunciarse en contra de la sistemática persecución contra estudiantes, profesores y trabajadores evidenciada en situaciones similares a las aquí expuestas, para lo cual exigimos a sus directivas no ser cómplices y manifestar de manera vehemente un rechazo a la represión estatal contra quienes construimos país desde la organización, la movilización y la academia. Expresamos nuestra solidaridad con la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad de la Amazonia, Universidad del Atlántico, Universidad de Cundinamarca, Universidad Tecnológica del Choco y Universidad de Córdoba, quienes en este momento presentan una crítica situación de violación a los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas.

Mesa Amplia de la Universidad de Colombia.
Bogotá, 7 de noviembre de 2012.