Exigencias del movimiento estudiantil chileno

En el día de ayer, jueves 28 de junio, miles de estudiantes chilenos universitarios y de secundaria, acompañados por sus padres y por trabajadores de diferentes sectores; se congregaron en la céntrica plaza Italia, marcharon por la histórica avenida La Alameda y entregaron al gobierno de Sebastián Piñeda el documento con las exigencias que reproducimos a continuación.

 

Durante el año 2011 el movimiento social en Chile se movilizó masivamente por la concreción de demandas transversales en beneficio de la Educación Pública. Pese a declaraciones de buenas intenciones por parte del Gobierno el año pasado, a día de hoy esos compromisos se han olvidado y muchas de las reivindicaciones que levantaron los estudiantes siguen sin respuesta.

En miras de construir un Nuevo Sistema Nacional de Educación, basado en la concepción de la educación como un derecho social universal en todos sus niveles, que tenga como pilar la Educación Pública gratuita, democrática y de excelencia, y esté orientado a la erradicación de las desigualdades de clase, género y etnia, a la construcción de ciudadanía y la generación de un desarrollo integral y sostenible para el país; los estudiantes agrupados en la CONFECH, la ACES y la CONES, proponemos y exigimos:

Crear un Nuevo Sistema Nacional de Educación, público, gratuito, autónomo, democrático, pluralista, intercultural y de excelencia.

• Público porque concebimos la educación como un derecho social universal que debe ser garantizado como tal por la Constitución Política de Chile y estar liberado de todo interés particular para orientarse a la satisfacción del interés general de nuestra sociedad. 
• Gratuito, en tanto la educación es una inversión social y no individual, y un espacio de relaciones sociales libres de la mediación del dinero, al cual todos acudimos como iguales en dignidad y derechos con la finalidad de aportar a nuestro desarrollo personal y al colectivo. La gratuidad es una condición necesaria para la realización efectiva de la educación como un bien social público. Permite la universalización del acceso y la permanencia del estudiante en el sistema educativo. Un sistema de educación gratuita contempla, además de la enseñanza, atender a las condiciones materiales en que se realiza, como son, el transporte del estudiante, el alojamiento y las publicaciones. 
• Autónomo, democrático y pluralista, para preservar el proceso educativo de todo interés particular, ya sea de carácter partidista, religioso o económico, así como para formar profesionales y técnicos con conciencia crítica y formación integral y contribuir así a la construcción de ciudadanía. 
• De excelencia, es decir, educando en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y en sintonías con las necesidades del país, tanto productivas como culturales. Esto implica necesariamente garantizar una formación integral del estudiante que permita promover la formación de trabajadores con capacidad crítica, que se apropie de los procesos productivos en los que participa y que desarrolle su tarea con sentido cooperativo y colaborativo. 
• Intercultural, en cuanto consideramos fundamental que se reconozcan las realidades culturales del país incluyendo los conocimientos de los pueblos originarios dentro de todos los niveles de la educación formal, haciendo de esta forma respetar el convenio N 169 de la OIT y la ley 19.253, compromiso aceptado por el Presidente de la República y hasta ahora sin respuesta.

Para ello, exigimos un pronunciamiento respecto de los necesarios puntos de partida para la implementación de una reforma estructural:   

•  De manera inmediata:    
  1.1. El retiro del proyecto de ajuste tributario presentado por el Gobierno al Parlamento, pues es injusto en sus formas de recaudación, fomenta la educación privada a través de la profundización del financiamiento compartido, el mecanismo que ha convertido el sistema educacional chileno en el más segregado del mundo. Esto, además, va en detrimento de la educación pública y propone, con lo recaudado, profundizar la lógica de subsidio a la demanda, lo que constituye un beneficio a la ganancia privada y un mal uso de recursos públicos.
  
  1.2. El retiro del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, pues en lugar de evitar que corporaciones que según la ley no deben perseguir fines de lucro lo hagan, encubre este delito.
  1.3. Congelamiento de la tramitación del proyecto de ley de financiamiento estudiantil del Ministro Beyer, porque ese proyecto debe ir de la mano con las medidas que se detallan a continuación para evitar la profundización del lucro, la estafa y mal gasto de recursos públicos.
  1.4. Fin inmediato al lucro con recursos públicos en todo el sistema educacional.

• Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública, a través de:
  2.1. Aumento de los Aportes Basales para las Universidades del Estado, que les permita su expansión, desarrollo y cumplimiento de su compromiso con las necesidades del país en términos de docencia, investigación, extensión e infraestructura. Este aumento progresivo deberá expresarse en el Presupuesto de Educación 2013 (cubriendo, al menos, un 50% de sus presupuestos) y tendrá como horizonte de mediano plazo el otorgar una educación gratuita. 
  2.2 Nuevos Aportes Basales para la educación escolar Municipal. La educación municipal no se sustenta con la subvención del MINEDUC y esas deficiencias no pueden ser responsabilidad de las municipalidades que no logran costear las necesidades educativas con sus fondos propios.
  2.3. Crear un Sistema Público de Educación Superior Técnica, gratuita, democrática y de calidad, en coordinación con la educación escolar técnico-profesional.
  2.4. Aumento progresivo del Gasto Público en Educación, garantizado por ley, orientado a las instituciones de todo el sistema (pre básico, general y superior universitario y técnico) hasta alcanzar en un horizonte de mediano plazo el 6% del PIB.
  2.5. Desmunicipalización de la educación escolar creando una Nueva Institucionalidad Pública que responda a los siguientes principios:1. Responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación.
  2. Inversión monetaria constante y suficiente para responder a las necesidades educativas del país.
  3. Especialización y profesionalización de la administración educativa.
  4. Localización de la administración, que atienda a las necesidades locales geográficas y socioeconómicas de cada zona del país.
  5. Autonomía en la toma de decisiones.
  6. Participación de la comunidad educativa.
  7. Cohesión social 
   
• Erradicación del Lucro y Regulación para la Calidad, a través de:3.1. Prohibición efectiva del lucro en la educación escolar (particulares subvencionados y particulares pagados) y en educación superior. Esto implica prohibir todos los mecanismos que lo posibilitan, entre los cuales destacamos: desregulación en la fijación de remuneraciones a miembros de directorios, ejecutivos y autoridades; externalización de servicios relevantes a través de empresas relacionadas (sociedades espejo); venta de cartera de deudores a empresas de factoring y compra por fondos de inversiones, nacionales o extranjeros
  3.2. Aumento del Aporte Fiscal Directo para las Universidades del CRUCH, con arreglo al cumplimiento de estándares de democracia, rol público y de excelencia. Este aumento podrá ser progresivo, pero deberá expresarse en el Presupuesto de Educación 2013.
  3.3. Crear un Nuevo Sistema de Acreditación, obligatorio, con agencias estatales, sin conflictos de interés, que exija coherencia con objetivos país y cumplimiento obligatorio de criterios mínimos para reconocimiento por parte del MINEDUC: a) Ausencia total de mecanismos que permitan el retiro de excedentes (lucro); b) Participación de la comunidad en instancias colegiadas de decisión y respeto irrestricto a la libertad de asociación, reunión y expresión de todos los miembros de su comunidad; y c) Sometimiento de su política arancelaria a una política central de fijación de aranceles que permita cubrir los costos reales asociados al desarrollo de las carreras de manera integral y no asociados a criterios de mercado.
  3.4. Facultar al MINEDUC para, a través de un Plan de Contingencia, reubicar en instituciones públicas a estudiantes de instituciones que se deban cerrar por perder su reconocimiento.

• Democratización Integral, a través de:4.1. Modificación de los artículos 56e), 67e) y 75e) del DFL2/2010 MINEDUC para permitir la participación de estudiantes y trabajadores (académicos y funcionarios) en instancias colegiadas de cada institución.
  4.2. La creación de normativas que garanticen el control de las comunidades locales en la formulación de los planes educativos y en la fiscalización permanente sobre el uso de los recursos y presupuestos.
  4.3. Garantizar el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de ESUP a través de la acreditación y la prohibición de reglamentos que vulneren el derecho a la libre expresión y asociación.
  4.4. Incorporar los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.
  4.5. Garantizar la libertad de cátedra y opinión, para que el docente desde su condición profesional sea libre de planificar sus cursos respetando los objetivos y contenidos de los programas de estudio, realizando una selección crítica de conocimientos, accediendo a todas las fuentes de información y cultura.

• Bienestar Integral Estudiantil, a través de:5.1. Restructuración integral del sistema de ayudas estudiantiles complementarias en sus montos, cobertura y condiciones de postulación.
  5.2. Solución a los estudiantes endeudados con el crédito CORFO por medio de la condonación de sus deudas.
  5.3. TNE gratuita los 365 días del año y eliminación del artículo que limita la validez de la TNE sólo para “viajes con fines educativos”.
  5.4. Entrega y restructuración de beca indígena como beneficio universal de estudiantes provenientes de pueblos originarios, sin necesidad de presentar certificado de procedencia indígena entregado por CONADI, respetando de esta forma el reglamento suscrito en la ley indígena 19.253 y el convenio 169 de OIT.

 

En: Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile