Prosperidad para todos.

La salud es un estado transitorio entre dos

 épocas de enfermedad y que, además,

no presagia nada bueno.

(Winston Churchill)

Más allá del pesimismo de Churchill, en nuestro país el sistema de salud esta en medio de dos enfermedades del sistema capitalista: la tecnocracia neoliberal y la eficiencia económica a la cual se adapta el bien-estar social. Por un lado se asiste a la aparente disonancia del discurso desde la tecnocracia (Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud) con respecto al direccionamiento económico-político de los reguladores multilaterales (Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial-Banco Interamericano de Desarrollo) y por otro se evidencia el ajuste estructural del sistema de salud al modelo privatizador, a través de los poseedores del capital que puede hacer eficiente financieramente la prestación del servicio, convirtiendo el derecho a la salud en una buena mercancía que se produce, se mercantiliza, se compra y se vende. Por supuesto en el paraíso especulador de la prosperidad.

“Prosperidad para todos”, es el emblema que disfraza aquel camino hacia una “prosperidad democrática” enmarcado dentro de una política netamente de carácter neoliberal. Arturo Escobar, analizando la problemática globalizadora, dice con ironía, “se ‘descubre’ que en muchos rincones del planeta la pobreza está en crecimiento, lo que se utiliza como excusa para que el concepto de desarrollo se consolide y justifique toda intervención de las potencias económicas en los países nombrados por ellos mismos como ‘subdesarrollados’, con el objetivo explicito de combatir la miseria y establecer un equilibrio económico mundial”. Estos adalides de la justicia social son los mismos que construyen el entramado económico al cual la vida misma debe adecuarse, de manera que la banca mundial en cabeza de los dueños de tales estamentos, direccionan la política en salud con el auspicio de estamentos técnico-científicos que se rigen por la sostenibilidad financiera.

Dentro de marcos de este tipo, surgen las diversas propuestas de Plan Nacional de Desarrollo, que adquieren continuidad con gobiernos afines a las políticas del FMI, el gobierno de Juan Manuel Santos no es la excepción, cuando mediante la falta de discurso ideológico, utiliza fraseología de tipo “Estado social de Derecho”, “focalización”, “priorización del gasto social”, “población vulnerable”, “competitividad”, “participación”, sumado a un lenguaje técnico de planeación como “planes”, “políticas”, “programas”, “indicadores”, “proyectos” y “metas”, representando claramente la concepción misma del Estado, postulada en términos de una expansión comercial que obedece a las leyes del mercado; de tal forma, las iniciativas de integración solo se vislumbran en la búsqueda de intercambios económicos, obviando demandas sociales como la búsqueda de una mejor calidad de vida, que incluye factores de vital importancia como la educación y la salud, reformas socio-económicas o la distribución equitativa de las riquezas.

En términos de salud, el Plan Nacional de Desarrollo propende “consolidar, en el marco del sistema de protección social, el aseguramiento en el SGSSS, como instrumento para mejorar el acceso y la calidad en la prestación de servicios y como base de la prosperidad democrática”, negando el carácter inequitativo de la prestación de servicios rigente, cuando la Ley 100 de 1993 se engloba dentro de su discurso de eficiencia, universalidad y solidaridad, y los indicadores en la bases del PND señalan que “en los últimos años el país ha logrado avances significativos en salud: la cobertura se expandió y hoy se acerca a la universalización”, dejando a un lado la primacía de la rentabilidad de los agentes aseguradores sobre las necesidades en materia de salud de la población colombiana, simplemente el derecho fundamental a la salud se convierte en una solicitud, mediada por rentas, de un servicio mal prestado, pero rentable, capaz de producir capital, es decir una mercancía.

Los pacientes que no la pueden comprar, siguen muriendo en los llamados “paseos de la muerte” o en la fila de solicitud de atención, mientras dentro de la concepción asistencialista del sistema, se repiten constantemente los mismos nombres de medicamentos, aplicación consecuente de la ley de cuidados inversos, que establece que el acceso a la atención medica o social de calidad varia en proporción inversa a su necesidad en la población asistida, hecho manifiesto en el desarrollo de estrategias de marketing por parte de las compañías farmacéuticas;  ley que curiosamente  tiene mayor vigencia dentro de economías donde la atención medica está más expuesta a las fuerzas del mercado.

Estrategias de mercadeo de esa nueva mercancía manifiesta, rigen el sistema mismo: se reducen los umbrales diagnósticos de las enfermedades,  se aplican resultados indirectos de los estudios, se exageran aspectos de la seguridad, de eficacia, se crean nuevas enfermedades de “alerta” epidemiológica, y por último la presión sobre el trabajador en el sector de la salud para ponerse al servicio del mercadeo final como agente de ventas.

Dentro de este panorama desalentador, quienes no poseen poder económico no les queda mas que fortalecer su poder político a través del conocimiento y la movilización por un derecho fundamental, sin restricciones, sin regulaciones financieras, que por lo menos en un primer paso garantice la equidad en la atención y prestación; la existencia de un gasto social acorde con la realidad del país, que reconozca la desatención por parte del estado como causal del conflicto que limita la inversión social, detención del abuso por parte de los vendedores de salud, de las farmacéuticas y sus cadenas de sobreprecios, de las EPS y sus palcos privados de venta de servicios. Por la universalidad del DERECHO A LA SALUD y  la equidad en la atención como pilares de la eficiencia.

Praxis

Coordinadora Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Colombia