Legitimar la universidad, como proyecto de nación

Por: Jeffer Harvey Cabezas. Magíster en Educación, Licenciado en ciencias de la educación. Investigador adscrito al grupo investigación Innovaciones Pedagógicas.

En vista de la gran multitud que en los meses ha manifestado su inconformismo frente a la reforma a la ley 30 de Educación Superior se puede afirmar que el sentimiento resistencia es compartido en pro de la educación de nuestro país. Se puede ver claramente que la educación tiene dolientes; la mayoría coincidimos en que la reforma a la ley 30 realmente vulnera el sistema de la Educación Superior colombiana desde diversas aristas. Pero tal vez la que más ha suscitado el mayor repudio, es el ingreso del capital privado con ánimo de lucro a la educación superior, convirtiéndose en el detonante, de una crisis anunciada.

Así las cosas, es necesario partir diciendo que la Universidad tanto de carácter estatal o privada- se encuentra al servicio de la sociedad, y por tanto la universidad se debe entender como un bien público, entonces es responsabilidad del estado fomentarla y financiarla pero sus fines y funciones no pueden delegarse a intereses particulares y mucho menos mercantiles. La universidad adquiere sentido dentro de un proyecto social de largo aliento que apunta a la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa. Su significado tiene que ver con la vida misma del país y en ella se juega la identidad del profesional como ciudadano y la creación y recreación de la cultura nacional. (Tamayo, 2008). 

El abandono estatal origina, para la universidad una situación de acorralamiento, en donde como ya lo notaria Boaventura de Sousa (2006), cuando se considera esta como un producto susceptible de ser explotado, en función única y exclusiva de su carácter económico, origina el ahondamiento en su concepción de vulnerabilidad desde su propia la crisis institucional y desde las características que la sociedad le ha designado hegemonía, legitimidad y autonomía. 

La universidad no puede ser remplazada desde el modelo empresarial y estar sujeta a la disposición del mercado que sólo a la larga buscará producir en estos centros de conocimiento mano de obra barata, pero calificada según su visón de calidad. 

La reforma a la ley 30 no sólo plantea una crisis para la educación pública, sino que al estar universidad comprometida por la construcción de un proyecto de país, se ve relegada a la hora de comparar la visión que tiene el sistema capitalista. Por eso las fuerzas de la universidad tanto pública como privada se deben concentrar no sólo en lo económico y más bien preguntarse ¿cuál es el proyecto de nación que se tiene? ¿Por qué no la estamos jugando? 

Pensar en la universidad de hoy conlleva implicaciones de carácter político, histórico, económico y, por supuesto, de carácter social de cara a la realidad actual. La universidad de hoy, por consiguiente, debe ser concebida no sólo como un producto más, sino como una institución de servicio a la comunidad, como un ente académico, capaz de generar conocimiento y como una tierra perdurable en el tiempo y susceptible de nuevos sembradíos y cosechas. 

Es importante pensar hasta qué punto se puede afectar la Educación Superior cuando se le resta autonomía y libertad para ejercer su papel. Cuando esto sucede, se privilegian la desigualdad en la producción del conocimiento, la pérdida de identidad cultural, la pluralidad y el respeto por el otro. 

De manera que observamos, con premura, que la Universidad se encuentra ensimismada en una doble presión: la de una sociedad que exige mejor desempeño frente a la demanda de empleo dentro del contexto social y la de una juventud que reprocha el servilismo, frente al orden establecido y plantea un concepto de oposición liberadora. 

De acuerdo con lo anterior, es labor imprescindible que la Universidad, dentro del marco de responsabilidad social que ostenta, sea pensada desde las potencialidades que su entorno goza, generando políticas pertinentes en cuanto el desarrollo de sus comunidades. Es en este sentido que la Universidad se convierte en generadora de procesos sociales, cuyo camino es el del progreso de sus regiones, en donde la emancipación del sujeto pueda lograrse reconociendo los ámbitos de igualdad y diferencia. De esta manera, serían posibles la interacción con el otro, el uso de un pensamiento reflexivo, la promoción de la cultura social y la formación de sujetos libres, capaces de generar su propio conocimiento. 

Es indudable afirmar el sistema educativo en nuestro país refleja una organización, acorralada por políticas impuestas de manera sutil, pero contraproducentes. Es así que, aunque estas políticas determinen a la comunidad como el actor principal de la política educativa, resulta que a la larga solo se es un mero reproductor de las políticas desarrolladas por otros, sin tener en cuenta uno de los aspectos más importantes, ¡que es lo que realmente lo que siente la educación!. 

Por esto, es necesario realizar una mirada interna a lo que está pasando en las universidades, pues la universidad se enfrenta al reto de plantear un redireccionamiento de las políticas, originadas desde su papel como edificadora de nación, pues de acuerdo con Gimeno Sacristán, una formación poco sólida, en torno de la ciencia y la pedagogía, facilita la acomodación a las instancias políticas, burocráticas y a los medios didácticos elaboradas fuera del sentir educativo. 

También es hora de asumir con sensatez el reto educativo de nuestro país y no dejarlo como arandela suelta, de la cual se haga cargo el capital privado. En este sentido habrá que recordarles a nuestros representantes políticos que la educación, se fundamenta desde carta magna de nuestro país, que no se negocia, que la educación es un derecho que tiene toda persona y también se establece que tiene su carácter en público. 

ÁLGUNAS RAZONES PARA DETENER LA REFORMA: 

La breve disertación aquí planteada nos permite decantar unas razones por las cuales la reforma debe detenerse: 

1. La propuesta de reforma se basa en una racionalidad técnico-instrumental que legitima una política neoliberal que es contraria a la naturaleza de la universidad: la recorta en sus fines y la pone en función de las necesidades del mercado. 

2. El Gobierno elude su responsabilidad constitucional en el fomento de la educación integral y la entrega al libre juego de la oferta y la demanda, desconociendo el mundo de la academia que entiende la universidad como un bien social, público y de carácter cultural, fundamental para formar nación. 

3. Mediante las alianzas con el sector privado y financiero el gobierno desdibuja el carácter público de la universidad y niega a los sectores populares el derecho a acceder a los más altos niveles de formación. 

4. Sin universidad pública financiada por el presupuesto nacional y apoyada por el gobierno se acalla cualquier sentido crítico y se condiciona el pensamiento a los intereses de los grupos o los gremios. 

5. Se encrudece la asfixia presupuestal y la legitimación de la figura de profesor ocasional como algo permanente, además de la proliferación de proyectos y propuestas encaminadas a producir “recursos propios”: cursos de extensión, educación continuada, idiomas, piscina, diplomados, asesorías, convenios, interventorías, o lo que hoy está en boga, realizar un semestre de posgrado para obtener un título y no un trabajo final de investigación de carácter formativo para finalizar determinada profesión 

6. La reforma no soluciona el déficit de la Universidad ni mejora las condiciones para su posicionamiento en el concierto internacional. Por el contrario la deja dependiendo de factores externos en sus finanzas y en el afán de aumentar cobertura, nivela por lo bajo la formación profesional. 

ALGUNAS PAUTAS PARA CONSTRUIR UNA REFORMA CON SENTIDO: EL PROPOSITO NACIONAL 

Consuideramos que el gobierno no oirá razones académicas, porque sus oídos están cerrados al desarrollo humano y solamente le interesa el desarrollo económico, por ello en sana lógica, quedaría recurrir al profesorado, al estudiantado y a la sociedad para organizar un proyecto de largo aliento que lleve a la práctica lo que ya en el año 2005 planteó Boaventura de Soussa Santos en su libro “La Universidad en el Siglo XXI”(6) 

· Como política pública, la reforma a la universidad debería contar en primera instancia con la comunidad académica que la constituye y que, como quedó demostrado, ha tenido suficiente imaginación, pensamiento y creatividad para consolidar un real campo intelectual alrededor de sus fines, contenidos, pedagogías, estrategias curriculares, dimensiones de formación disciplinaria, profesional y ciudadana. 

· Designar un mayor presupuesto a la Educación Superior, dejando de lado, por parte del gobierno los discursos con tono de privatización. (Cabezas, 2009). 

· La universidad no puede ser remplazada desde el modelo empresarial y estar sujeta a la disposición del mercado que sólo a la larga buscará producir en estos centros de conocimiento mano de obra barata, pero calificada según su visón de calidad. 

· La universidad sea de carácter estatal o privada- es un bien social que se encuentra al servicio de la comunidad, y por tanto, se debe entender como un bien público, entonces es responsabilidad del estado fomentarla y financiarla pero sus fines y funciones no pueden delegarse a intereses particulares y mucho menos mercantiles. 

· La universidad adquiere sentido dentro de un proyecto social de largo aliento que apunte a la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa. Su significado tiene que ver con la vida misma del país y en ella se juega la identidad del profesional como ciudadano y la creación y recreación de la cultura nacional. (Tamayo, 2008). 

· Clarificar el lenguaje de las manifestaciones, pues no solo es de los estudiantes, en este sentido no se le puede seguir dando la razón al gobierno en cuanto a que en la universidad es espacio para resguardar formas de violencia. Por eso la invitación compañeros, es a identificar nuestras carencias y movernos a su superación, en un nuevo gesto comunicativo. 

· Asumir con sensatez el reto educativo de nuestro país y no dejarlo como arandela suelta, de la cual se haga cargo el capital privado. En este sentido habrá que recordarles a nuestros representantes políticos que la educación, se fundamenta desde carta magna de nuestro país, que no se negocia, que la educación es un derecho que tiene toda persona y también se establece que tiene su carácter en público. (Cabezas, 2011) 

A manera de conclusión momentánea, si la Universidad no permanece como un espacio para fundamentar políticas sanas para la educación y por consiguiente para la sociedad, se seguirá disponiendo de la universidad como una institución impedida y por consiguiente relegada de su papel como edificadora de sociedad. Por eso las fuerzas de la universidad tanto pública como privada se deben concentrar no sólo en lo económico y más bien preguntarse ¿cuál es el proyecto de nación que se tiene? ¿Por qué no la estamos jugando? Para hacer de Colombia un país en el quepamos todos. 

Referencias Bibliográficas: 

CABEZAS, Jeffer Harvey. ¿Una universidad crítica? Prospectiva científica UPTC N° 5. 2009. 

CABEZAS, Jeffer Harvey. La universidad el bastión de nuestro país. Observatorio de la universidad colombiana. 2011 

TAMAYO, Alfonso. “Sentido y Significado de la Universidad Pública”. En Revista Opciones Pedagógicas. Universidad Distrital.-Bogotá. N° 39 año 2008. Pág. 169-179. 

TAMAYO, Alfonso. (2008) Sentido y significado de la universidad pública. Observatorio de la universidad colombiana. 

SANTOS, Boaventura. (2006) La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Cuba: Casa De Las Américas.