Por: Alberto Corona
Colombia demostró no estar ajena a la defensa de la educación como un derecho fundamental para el desarrollo, una voluntad que miles de profesores, estudiantes y sindicalistas expresaron en las calles.
"¡La salud y la educación son un derecho, no una mercancía!". Bajo esa premisa docentes, educandos y activistas marcharon el pasado 7 de septiembre por las principales ciudades del país ante las amenazas que se ciernen sobre la enseñanza pública.
En opinión de los manifestantes, varias fueron las razones que justificaron la organización de la protesta, así como su participación en ella.
Por una parte, paralizar una reforma impulsada por el Gobierno a la denominada Ley 30 de 1992, que rige actualmente la educación superior y a través de cuyo cambio se pretende dar entrada al capital privado en las instituciones universitarias públicas.
Esto es interpretado como un paso previo hacia la privatización de la educación, y por consiguiente, lesivo para los colombianos en el manejo de este derecho esencial.
Si bien el Gobierno desechó por el momento de dicha iniciativa de reforma uno de los artículos generadores de una mayor controversia, el relativo al ánimo de lucro, el conflicto persiste con los otros cientos que la componen.
En este sentido, tanto docentes como estudiantes consideran que la reforma en general tiene un enfoque neoliberal, dirigida a que la educación se convierta cada vez más en un servicio controlado por el dinero y por lo cual dejaría de ser un derecho.
De esa manera, consideran que de aplicarse la reforma, los cerca de tres millones 200 mil estudiantes que actualmente no pueden acceder a la educación pública, verían engrosar sus filas significativamente.
Otro elemento para tener en cuenta -según los críticos de la reforma- es que con la privatización, la calidad de la educación sería más deficiente, pues ello daría pie a la entrada masiva de estafadores al servicio, ávidos de dinero.
A su vez, los reclamos -además del derecho a la educación y el respeto a la jornada laboral de los maestros-, incluyeron la prestación de un servicio de salud digno.
Sobre este particular, la Federación Colombiana de Educadores alertó que el Ejecutivo pretende acabar con las pocas garantías que en materia de salud la ley les otorga.
Es así que maestros y estudiantes ven en el avance de las políticas neoliberales del actual gobierno cómo se busca negar derechos básicos como la educación y la salud.
Todo ello en un contexto donde los docentes reciben salarios más bajos y la carga laboral es mayor por las condiciones actuales del sistema, de acuerdo con denuncias.
Durante la jornada de protesta también se rechazó el asesinato sistemático de maestros; en lo corrido de año, 16 educadores han muerto de forma violenta, siendo Córdoba el departamento donde la situación es más crítica.
En Bogotá la manifestación se llevó a cabo en el centro de la ciudad, donde más de 20 mil personas se dirigieron hacia la Plaza Bolívar, según pudo constatar este enviado.
Durante la jornada se registraron varios incidentes entre la policía y los manifestantes, aunque sin consecuencias mayores. Con cánticos, rostros pintados y muestras escénicas, educadores y alumnos exigieron del Gobierno más atención para el sector y menos recursos para la guerra.
En otras ciudades del país también se realizaron marchas, algunas con fuertes enfrentamientos y detenciones.
Para Hernando Hernández, representante indígena y vocero del opositor Polo Democrático Alternativo, Colombia se unió así al clamor de Latinoamérica contra un orden económico internacional injusto y arbitrario que afecta la calidad de la educación y la pretende tratar como una mercancía.
Fuente: Argenpress
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